Luis «Toto» Caputo anunció que avanzará con un blanqueo informal para que los argentinos puedan utilizar los dólares del colchón «sin dar explicaciones», una maniobra que los expertos consideran ilegal y violatoria de los acuerdos del GAFI.
«Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones «, declaró el ministro de Economía, que habló de una desregulación para que no haya que justificar el origen de esos dólares que están fuera del sistema. «No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos, no lo hacen porque les rompen los cocos», agregó.
Caputo no quiso dar detalles de la medida, pero anticipó que habrá resoluciones del Ministerio de Economía, el Banco Central y ARCA que se presume eliminarían las sanciones para quienes tengan dólares en negro. Es lo que habitualmente se hace con los blanqueos que son aprobados por ley por el Congreso.
Expertos en materia impositiva comentaron que a primera vista se trataría de una medida ilegal porque en principio las sanciones establecidas por ley no se podrían remover mediante resoluciones de ARCA, el BCRA o la UIF. Un experto contó que en una consulta informal con jueces coincidieron con esta visión.
Las fuentes indicaron que el gobierno mediante resoluciones podría levantar los controles de la UIF y las alertas de ARCA, pero podría suceder que con otro gobierno se vuelve atrás y se termine aplicando la ley. Para contrarrestar eso Caputo podría validar el blanqueo con una ley posterior o en la Ley de Presupuesto.
Para avanzar con esta medida el gobierno debería apelar artículo 113 de la ley 11.683, que permite al Poder Ejecutivo eximir de multas o intereses. Pero el problema es que no exime del pago de IVA y Ganancias, como sucede en un blanqueo aprobado por ley. Es decir que los contribuyentes podrían usar sus dólares sin sanciones, pero teniendo que pagar esos gravámenes.
Por otro lado, los expertos advierten que un blanqueo informal de Caputo violaría las normativas del GAFI y la Argentina quedaría nuevamente en riesgo de caer en la lista gris del organismo, como sucedió el año pasado. En ese momento, el gobierno logró sortear la sanción, pero quedó en supervisión periódica.
Caer en la lista gris del GAFI tiene consecuencias económicas especialmente en el intento del gobierno de seducir a inversores extranjeros. De mínima, implica un encarecimiento del acceso al crédito, hoy vetado para la Argentina, pero hasta puede afectar la relación con organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, hoy los únicos prestamistas del país.
Como esa, el anuncio de Caputo vuelve a exhibir la desesperación del gobierno por conseguir dólares, apretado por la necesidad de cumplir con el FMI la meta de acumulación de 4.500 millones de dólares en reservas y de pagar los vencimientos de deuda.
