El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dio luz verde al mandatario de ese país, Donald Trump, para revocar un programa que concede un estatus legal temporal a más de 300.000 migrantes venezolanos en territorio estadounidense.
«Rechazo y repudio el intento criminal de quitarle el TPS (Estatus de Protección Temporal) a los migrantes», dijo el mandatario latinoamericano en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acusando al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; a la congresista republicana María Elvira Salazar, y a lo que considera «toda la mafia de Miami» de pedir la revocación del programa para los ciudadanos venezolanos.
«Migrar no es delito»
El TPS protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. «Migrar no es delito, quitar el TPS sí es delito, porque es un derecho que ellos tienen, migrar es una necesidad humana», expresó Maduro, quien considera que los venezolanos en Estados Unidos «se fueron con el sueño americano y terminaron en la tragedia americana».
«Llamo a hacer grande a Venezuela para que todos esos migrantes que tuvieron que irse por la guerra económica y por la guerra también de las redes sociales, que les hicieron creer que iban para el paraíso, retornen más temprano que tarde a una nación recuperada, próspera y fuerte y que más nunca migre nadie en este país», señaló el presidente.
El lunes el Tribunal Supremo estadounidense permitió la revocación de la medida al Gobierno de Trump, que había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del interés nacional de Estados Unidos y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria que se consideren urgentes. Los abogados del Ejecutivo habían solicitado a la máxima instancia judicial anular una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el programa para los migrantes del país sudamericano.
Aunque el litigio seguirá en cortes inferiores, el Supremo permitió al Gobierno del magnate republicano seguir con la eliminación del TPS para los venezolanos, como decidió tras asumir el poder el 20 de enero, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios como «desgraciados» y «criminales».
«Nos causa un daño extraordinario»
El fallo supone un duro golpe para los cientos de miles de ciudadanos del país caribeño que perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa. “La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, dijo en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal. «El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones», subrayó el abogado.
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que apoyó el litigio, indicó a la agencia de noticias EFE que esta es la primera vez en la historia moderna que le quitan el estatus legal a tantos inmigrantes en Estados Unidos. Además, puso en tela de juicio la decisión de los máximos magistrados. “Todo esto hace parte de una campaña para infundir miedo y terror, porque el Ejecutivo estadounidense ya había dado esa protección que está definida por la ley a países con conflictos políticos o estragos naturales, y ahora está revirtiéndola sin razón”, explicó. En ese sentido, E.R. manifestó que para ella y para su hija es imposible regresar de forma segura a Venezuela.
Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que también representa a los demandantes, mencionó que el Supremo también desmanteló las protecciones legales diseñadas para limitar la discreción ejecutiva y politizar la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, conformada en 2018 tras el intento de Trump de poner fin a la protección a más de 400.000 inmigrantes, dijo que la decisión contra el amparo de los venezolanos era interpretada como un ataque a todos los beneficiarios. Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluido unos 200.000 salvadoreños que tienen el amparo desde 2001. En el estado de Florida, donde el Pew Research Center reporta que viven casi la mitad de los venezolanos en Estados Unidos, más de 300.000 del total de 640.000, muchos de ellos apoyaron a Trump de cara a las elecciones del año pasado contra el expresidente Joe Biden por pensar que los respaldaría ante el mandato de Maduro.
