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En una trama que mezcla tierras en disputa, pueblos originarios y una acusación explosiva por extorsión, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, salió al cruce de las acusaciones del empresario y productor agropecuario tartagalense Daniel Sanz. El fiscal negó de forma tajante haber exigido dinero y calificó la denuncia como una operación para apartarlo de un conflicto que involucra tierras comunitarias que estarían siendo explotadas de manera irregular -sin permisos de desmontes- con ganancias multimillonarias.
Según Sanz, Cazón le habría exigido 50 millones de pesos a cambio de permitirle levantar una cosecha en terrenos en disputa. Afirmó incluso haber entregado una primera cuota de 10 millones en la sede de la fiscalía. Sin embargo, el fiscal sostiene que esa versión es falsa, asegura que fue el propio empresario quien firmó un acta compromiso para liberar los terrenos pertenecientes a las comunidades identificadas como el ex Lote Fiscal 4 para finalmente intimarlo a que ratifique o rectifique sus declaraciones periodísticas.
«No hay extorsión, hay justicia comunitaria en marcha», dijo Cazón, quien presentó documentación para respaldar su accionar y anunció que ya denunció penalmente a Sanz por falsa denuncia y falso testimonio. Además, advirtió que el trasfondo del conflicto es mucho más grave: en solo siete meses, se habría extraído una producción agropecuaria por 1.800 millones de pesos de tierras que no fueron autorizadas para desmonte y posterior producción dejando a las comunidades con apenas una cuota simbólica de 10 millones.
Cazón también vinculó la acusación con una reciente investigación judicial iniciada tras una denuncia por vuelos no autorizados sobre los terrenos en disputa, maniobra que estaría siendo investigada y por la cual ya se identificó al piloto de una avioneta. “No sabemos quién fue el ideólogo de eso, pero se sospecha que puede haber una vinculación con Sanz”, indicó. Por último, el fiscal denunció que en solo siete meses se habrían extraído de los territorios comunitarios producciones valuadas en 1.800 millones de pesos, de los cuales las comunidades originarias solo habrían recibido una única cuota de 10 millones. “La injusticia, la arbitrariedad y el fraude cometido contra los pueblos originarios por parte de Daniel Sanz es una locura”, concluyó. Cazón afirmó confiar plenamente en la Justicia salteña y en las pruebas que ha presentado para esclarecer la situación.












