La justicia federal avanza sobre un escándalo que podría marcar un punto de inflexión en el gobierno de Javier Milei. Las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no serían un hecho aislado, sino parte de un “modus operandi” extendido en otras áreas del Estado, según sostiene el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
El caso involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, y a su segundo, Daniel Garbellini, quienes habrían facilitado contratos millonarios a la droguería Suizo Argentina a cambio de retornos. La empresa pasó de recibir $3.900 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en medio de sospechas de favoritismo y corrupción.
La investigación se aceleró tras el hallazgo de pruebas en allanamientos realizados en Nordelta, donde la seguridad privada habría entorpecido el operativo para permitir la fuga de evidencias. El fiscal evalúa imputar al jefe de seguridad del country por obstrucción de justicia, en lo que se considera una maniobra deliberada para proteger a los implicados.
Jonathan Kovalivker, uno de los empresarios involucrados, entregó su celular pero se negó a facilitar la clave. En contraste, Garbellini sí permitió el acceso a su dispositivo, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. La justicia busca determinar si hubo borrado de archivos y ocultamiento de pruebas clave.
El presidente Milei, lejos de desmentir los hechos, pareció validar la hipótesis en un acto público al declarar: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. La frase fue interpretada como una admisión implícita de que el poder libertario se apropió de mecanismos de corrupción heredados.
La causa se mantiene bajo secreto de sumario, pero en Comodoro Py ya se habla de una red que podría alcanzar a Karina Milei y Martín Menem como beneficiarios políticos del esquema. La estrategia judicial, por ahora, evita detenciones para no activar defensas corporativas dentro del Poder Judicial.
El fiscal Picardi y el juez Casanello son reconocidos por su rigurosidad técnica y su historial de investigaciones contra funcionarios de distintos signos políticos. Ambos avanzan con cautela pero firmeza, conscientes de que el caso podría escalar hacia el núcleo duro del gobierno libertario.
La trama de corrupción en la ANDIS no solo pone en jaque la transparencia institucional, sino que expone una lógica de poder que se reproduce bajo discursos de austeridad y meritocracia. La pregunta que emerge es si el gobierno de Milei podrá sostener su narrativa frente al avance de la justicia.
Redacción Diario Inclusión
