La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este martes con allanamientos en dos de los barrios más exclusivos de Nordelta. La medida judicial apunta a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, señalados como beneficiarios de contratos millonarios bajo sospecha.
Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía de la Ciudad desplegó móviles en los barrios La Isla y El Golf, donde residen los empresarios. El objetivo fue secuestrar registros de ingreso y egreso, así como acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos en días clave de la causa.
Los allanamientos se produjeron apenas 24 horas después de que el jefe de seguridad del complejo prestara declaración indagatoria. La Justicia sospecha que hubo maniobras para entorpecer el accionar judicial, incluyendo la posible fuga de pruebas desde las propiedades allanadas.
La causa investiga un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios de la ANDIS, empresarios farmacéuticos y operadores políticos cercanos al oficialismo. Los audios filtrados y las transferencias millonarias a Suizo Argentina dispararon las alarmas en Comodoro Py.
Durante los procedimientos, los investigadores buscaron elementos que vinculen a los Kovalivker con el circuito de retornos por compras estatales. La empresa pasó de recibir $3.900 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en medio de sospechas de favoritismo y tráfico de influencias.
El operativo en Nordelta refuerza la hipótesis de que el caso no se limita a la ANDIS, sino que podría replicarse en otras áreas del Estado. La Justicia intenta determinar si existe un patrón de corrupción sistemática bajo el paraguas del discurso libertario de austeridad.
La causa se mantiene bajo secreto de sumario, pero fuentes judiciales anticipan que podrían surgir nuevas imputaciones en los próximos días. El foco está puesto en los vínculos entre los empresarios y figuras del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
El avance de la investigación tensiona el relato oficial y pone en evidencia las contradicciones entre la prédica anticasta y las prácticas heredadas —o apropiadas— del viejo aparato estatal. La Justicia, por ahora, sigue el rastro del dinero.
Redacción Diario Inclusión
