El Concejo Deliberante de Tartagal dio un paso mas en lo que respecta a la Comisión Investigadora Especial que pretende analizar responsabilidades políticas en torno al escándalo por la defraudación de fondos del Programa Nacional Acompañar, ocurrido durante la gestión del exintendente Mario Mimessi.
El caso tiene como principal imputada a Carla Cordero, exdirectora de Asuntos de la Mujer, acusada de exigir dinero a mujeres víctimas de violencia a cambio de garantizarles la continuidad de la ayuda social. Sin embargo, la investigación legislativa apunta también hacia arriba en la cadena de mando, ya que en aquel período la Secretaría de Desarrollo Humano estaba encabezada por la actual concejal radical Margarita Rauch, superior jerárquica de Cordero.
Contexto del proceso judicial y del expediente municipal
El expediente nº 19.187/25 fue girado a la Comisión de Poderes, Peticiones y Legislación, luego de que en el recinto no se alcanzaran los dos tercios necesarios para aprobar de inmediato la conformación de la comisión investigadora. Cabe destacar que éste fue presentado por los concejales oficialistas Armando Leguizamón, Raúl Camacho, Carolina Bustillos, Miriam Gallardo y Marcelo Soria, quienes sostienen que, durante el período investigado, Rauch se desempeñaba como Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, supervisando de forma directa a la Dirección de la Mujer y Diversidad encabezada por Carla Cordero.
El caso judicial se remonta a noviembre de 2022, cuando la Fiscalía Federal de Orán, a cargo de Marcos Romero, inició una causa contra Cordero y otras colaboradoras por presunta concusión agravada. Se acusa a estas funcionarias de exigir dinero a beneficiarias del Programa Acompañar a cambio de garantizar la continuidad del beneficio, bajo amenazas de suspensión o alteración de datos. También está imputado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de una de las colaboradoras, quien habría facilitado su cuenta bancaria para recibir los pagos ilegales. La fiscalía solicita penas de hasta cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Aunque Rauch no está imputada penalmente, el oficialismo local busca determinar si, en su rol de máxima autoridad del área, omitió los controles necesarios, encubrió irregularidades o tuvo participación directa.
Próximos pasos
La comisión, en caso de concretarse, tendrá 60 días prorrogables para reunir documentación, convocar testigos y evaluar la información judicial en curso. Mientras tanto, la causa principal contra Carla Cordero y otras exfuncionarias se encamina a juicio oral en la Justicia Federal de Salta a partir del 19 de septiembre de 2025. Durante ese periodo, seis concejales, quienes serán designados por sorteo para asegurar la pluralidad y representatividad política llevrían a cabo las siguientes tareas:
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Solicitar documentación a organismos municipales y provinciales.
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Convocar a funcionarios actuales y antiguos.
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Analizar el expediente judicial que tramita en la Justicia Federal.
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Recibir testimonios de víctimas y denunciantes, con especial reserva de identidad.
El informe final que emane de la comisión será elevado en una sesión especial del Concejo y podrá incluir recomendaciones políticas o administrativas sobre el rol de Rauch, sin interferir con el curso de la investigación judicial federal
Reacciones políticas y sociales
El caso provocó una fuerte repercusión en Tartagal y en todo el departamento San Martín. Diversas organizaciones sociales consideran que la utilización de fondos destinados a mujeres en situación de violencia para enriquecimiento ilícito constituye “una afrenta a la dignidad de las mujeres” y una grave merma en la confianza hacia las instituciones.
Desde el oficialismo, liderado por el presidente del Concejo, Armando Leguizamón, se argumentó que la investigación legislativa busca preservar la «transparencia y la confianza de los vecinos».
El silencio inicial y las primeras palabras de Rauch
En declaraciones a un medio local, la concejal rechazó cualquier vínculo con los hechos imputados a su exsubordinada y aseguró estar a disposición de la Justicia desde el inicio de la causa.
“Desde el primer momento de la causa me puse a disposición de la Justicia. Nunca fui citada, sospechada ni imputada. No tengo ningún problema en que la comisión se arme, se investigue y se estudie, porque creo que los funcionarios debemos dar explicaciones claras a la comunidad sobre nuestro accionar”, afirmó Rauch.
Asimismo, la edil resaltó que durante su gestión se llevaron adelante controles estrictos sobre los recursos:
“Cada mes rendíamos hasta el último bolsón entregado. Los fondos se destinaron a quienes realmente lo necesitaban y se rindieron ante el Gobierno de la Provincia de Salta. Esa fue una característica de nuestra gestión”, agregó.
Rauch también denunció que la decisión de avanzar con una comisión investigadora tiene un trasfondo político.
“Hace dos meses que se viene intentando armar una comisión en mi contra. Esto forma parte de un armado político para callarme y presionarme. Pero no voy a dejar de trabajar ni de denunciar lo que considero irregular en el Concejo. Estoy tranquila, porque no tengo nada que ocultar”, expresó.
Un caso que marca a Tartagal
El caso del Programa Acompañar no solo puso bajo la lupa la gestión del intendente Mario Mimessi en Desarrollo Humano, sino que también abrió un debate sobre la transparencia institucional y la confianza en los mecanismos de ayuda social en Tartagal.
Redacción: Diario Inclusión.
