El recurso busca además que se devuelvan los montos retenidos de forma indebida y que se garantice la continuidad de estas prestaciones junto a los beneficios vinculados, como la cobertura de salud. “El equilibrio fiscal es importante, pero no vale todo para sostenerlo. Detrás de cada número hay personas, familias y sueños que no pueden esperar”, expresó Sáenz en sus redes tras reunirse en Metán con Abel “Chicho” Valencia, un vecino que perdió ambas piernas y cuya pensión fue suspendida.
El mandatario provincial señaló que el caso de Valencia refleja la situación de muchos salteños que no pudieron presentarse a las auditorías por falta de notificación. En algunos casos, los citatorios nunca llegaron, y en otros, como en el departamento Rivadavia, coincidieron con las inundaciones por las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, precisó que el pedido será ingresado directamente en la Corte Suprema, que tiene competencia originaria cuando las provincias litigan contra el Estado Nacional. Explicó que el amparo solicita el restablecimiento de todas las pensiones suspendidas y que luego, con el proceso normalizado, se realicen las auditorías correspondientes para verificar las que no correspondan.
La medida adoptada por Salta se suma a la que ya impulsó Misiones en defensa de las personas con discapacidad. En el ámbito federal, también existen recursos presentados por abogados particulares que esperan resolución judicial.
Mientras tanto, miles de beneficiarios y sus familias permanecen en la incertidumbre, dependiendo de que la justicia actúe con rapidez para garantizar un derecho esencial que hoy se encuentra vulnerado.
✍️ Redacción Diario Inclusión
