En una decisión que reaviva el conflicto con el sistema educativo, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en agosto. La norma establecía un esquema de actualización automática por inflación para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de partidas específicas para infraestructura y becas estudiantiles.
El veto fue total y se formalizó mediante su publicación en el Boletín Oficial. La medida generó un inmediato rechazo por parte de gremios docentes, federaciones estudiantiles y rectores, que consideran que se trata de un retroceso en la garantía de derechos básicos como el acceso a la educación superior.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la CONADU Histórica se convocaron movilizaciones en todo el país bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”. La comunidad académica denuncia que el ajuste presupuestario pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio y profundiza la crisis del sistema universitario.
El Gobierno justificó el veto argumentando que la ley “afecta el equilibrio fiscal” y que “no contempla fuentes de financiamiento claras”. Sin embargo, sectores opositores señalan que se trata de una decisión ideológica que busca debilitar la educación pública y favorecer modelos privatistas.
La Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba y la de La Plata emitieron comunicados expresando su preocupación por el impacto del veto en la calidad educativa, la investigación científica y la inclusión social. También advirtieron sobre la paralización de obras y la suspensión de becas.
En paralelo, legisladores de distintos bloques analizan insistir con la ley en el Congreso, aunque reconocen que el oficialismo cuenta con respaldo suficiente para sostener el veto. El debate se traslada ahora al plano político y social, con la universidad pública como símbolo de resistencia.
La pulseada por el financiamiento universitario se convierte así en un nuevo capítulo de la tensión entre el Gobierno y los sectores que defienden el rol estratégico de la educación pública en el desarrollo nacional.
Redacción Diario Inclusión
