Mientras el presidente Javier Milei viaja a Nueva York para cerrar un préstamo con el Tesoro de Estados Unidos, crece la tensión en el Congreso argentino por la legalidad de la operación. Según la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública —impulsada por Martín Guzmán en 2021— cualquier crédito externo bajo legislación extranjera debe ser aprobado por el Poder Legislativo.
El préstamo en negociación, que inicialmente se estimaba en 30 mil millones de dólares pero ahora se reduciría a unos 5 mil millones, se presenta como una maniobra para oxigenar las reservas y mantener el dólar a raya en plena campaña electoral. Sin embargo, diputados advierten que si el Ejecutivo no envía el acuerdo al Congreso, “las tensiones se van a recrudecer”.
La ley establece que no se pueden emitir títulos en moneda extranjera ni ampliar programas de financiamiento sin autorización expresa del Congreso. Además, prohíbe destinar esos fondos a gastos corrientes, salvo excepciones extraordinarias. Esto complica el argumento oficial de que se trata de una extensión del acuerdo con el FMI, ya que el préstamo del Tesoro norteamericano es un caso “sui generis” sin precedentes claros.
Un legislador de centro afirmó que “la posibilidad de préstamo es totalmente negativa”, y criticó la inconsistencia del gobierno: mientras se exige austeridad en pesos, se recurre a créditos en dólares sin control parlamentario. También señaló que el Ejecutivo ya agotó otras fuentes como el FMI, la CAF y el BID, y ahora busca “fumarse” un nuevo préstamo.
La interna en Estados Unidos también juega su parte. Técnicos del Tesoro se muestran reticentes, mientras sectores MAGA apoyan la gestión libertaria de Milei. Esta división podría afectar el ritmo y las condiciones del acuerdo, que aún no tiene forma jurídica definida ni respaldo institucional claro.
El vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso se encuentra en su punto más frágil, tras derrotas legislativas recientes como el rechazo al veto de la Ley de Emergencia para personas con discapacidad y el financiamiento universitario. Si el préstamo no se somete al debate parlamentario, el conflicto podría escalar y comprometer otras reformas clave.
Redacción Diario Inclusión
