En el ojo de la polémica municipal, una empleada pública local ha cuestionado con firmeza el relevamiento forzoso de títulos secundarios que impulsa la Municipalidad de Tartagal, en un contexto de denuncias por presentaciones de certificaciones apócrifas. La disputa enfrenta posiciones contrapuestas: por un lado, la administración municipal sostiene que debe depurar y sanear el cuadro de personal; por el otro, trabajadores denuncian arbitrariedades, costos extras y falta de garantías procesales.
La versión de la empleada
En documentos presentados y declaraciones públicas, la trabajadora, Viviana Morales, sostiene que ya había presentado sus títulos secundarios, un profesorado y diversas acreditaciones ante los organismos correspondientes en tiempo y forma. Según su relato, la exigencia reciente de llevar esos títulos a escribanos implica un gasto —en certificaciones, traslados o sellados— que recae sobre empleados con sueldos modestos.
“Un escribano no puede determinar si un título es auténtico o no; esa tarea corresponde a la autoridad educativa”, explicó Morales. En su interpretación, la Municipalidad delega responsabilidad a quienes menos condiciones tienen para asumirla.
Asimismo, cuestiona que muchos trabajadores ya no son reconocidos por sus estudios previos en su escala salarial o en las posibilidades de ascenso dentro del municipio, pese a que dichas acreditaciones fueron aceptadas en su momento. Con estas afirmaciones, Morales sugiere que la medida tiene un trasfondo de selección o persecución interna, más que una auditoría transparente.
Según el documento que compartiste, Morales también sostiene que si la gestión municipal desea que se investiguen títulos irregulares, debería hacerlo a través de organismos estatales con competencia, sin obligar a los empleados a incurrir en trámites particulares con costos asociados.
En tono categórico, dejó en claro que no presentará nuevamente su documentación si ello implica una carga económica y que, de darse consecuencias adversas, acudirá a la vía judicial para defenderse.
Las acciones del municipio y denuncias públicas
En paralelo, los medios locales refieren que la municipalidad ya ha iniciado actuaciones disciplinarias e intimaciones contra empleados con irregularidades detectadas en sus títulos. Se habla de al menos 45 trabajadores municipales intimados por presentar supuestamente documentos apócrifos, incluso entre los jefes de área.
El asesor legal del municipio, Pablo Carrizo, habría confirmado esa cifra, admitiendo que el tema es de carácter reservado en un principio, pero que luego se transparentó por la presión pública.
Además, algunas fuentes especulan que el problema podría ser aún mayor. Se mencionan más de 200 títulos secundarios dudosos vinculados a la comuna, lo que alimenta sospechas de una red o asociación que vendía documentos falsos.
En esa línea, circulan relatos de profesionales de áreas sensibles —por ejemplo, del ámbito sanitario— que habrían ejercido funciones con títulos secundarios que luego resultaron cuestionados.
Asimismo, algunos medios aseguran que el Ministerio de Educación provincial —o su equivalente local— ha validado que existieron irregularidades puntuales en varias de las documentaciones presentadas.
Contornos institucionales y críticas al procedimiento
— Competencia de verificación: Morales y otros trabajadores sostienen que la validación de títulos debería recaer sobre organismos educativos autorizados, no sobre escribanías convocadas por el municipio.
— Costos para los empleados: El trámite extra implica desplazamientos, aranceles notariales y otros gastos. Para trabajadores con salarios relativamente bajos, esas sumas pueden ser determinantes.
— Presunción de inocencia y garantías: Los denunciados afirman que no se ha garantizado un proceso con defensa, contrapruebas ni transparencia absoluta.
— Amplitud del caso: Si las sospechas de 200 documentos falsos fueran ciertas, el problema excede lo individual y podría revelar fallas sistémicas en los controles internos del municipio.
— Precedentes locales y comparaciones: En otras entidades provinciales ya se han dado casos de falsificación de títulos sin sanciones ejemplares, lo que para algunos agrava la sensación de doble vara.
¿Qué está en juego políticamente?
La situación se da en un contexto político local cargado. Algunos interpretan que ciertas áreas de la municipalidad podrían usar la iniciativa como mecanismo de presión frente a sectores del plantel municipal, o como forma de legitimar recambios internos.
Para Morales, la confrontación pone en juego no solo su estabilidad laboral, sino un principio general: que no se obligue a los empleados a asumir cargas que son responsabilidad de la administración en sus controles internos.
Posibles desenlaces y escenarios
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Intervención educativa formal: El Ministerio de Educación podría tomar los casos señalados, auditar los títulos presentados y emitir dictámenes definitivos.
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Sanciones administrativas o judiciales: De comprobarse la falsedad de documentos, podrían aplicarse sanciones que van desde apercibimientos hasta separación del cargo.
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Amparo judicial de los empleados: Quienes se sientan agraviados podrían recurrir a la Justicia contencioso-administrativa o laboral para frenar medidas que consideren arbitrarias.
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Revisión del sistema municipal: Si el caso escala, podría obligarse a la comuna a revisar sus mecanismos de control interno de contratación, registro de personal y validación documental.
Redacción: Diario Inclusión.
