El ex concejal de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López, enfrenta un proceso judicial y político luego de ser denunciado por su expareja, quien también se desempeñaba como empleada en el Concejo Deliberante. La mujer lo acusa de violencia sexual, física, psicológica y económica, y asegura que era obligada a entregar parte de su salario y a mantener relaciones sexuales bajo coerción, incluso con terceros, mientras López registraba las escenas.
La denuncia se conoció tras la filtración de audios en los que el ex edil ofrecía dinero a cambio de prácticas sexuales. Estos hechos motivaron la intervención de la Justicia, que dispuso la incautación de dispositivos electrónicos, medidas de restricción y un botón antipánico para la denunciante.
En el plano institucional, el Concejo Deliberante de Salta avanzó con un proceso de exclusión por incapacidad moral sobrevenida, rechazando la renuncia que López había presentado para asegurar el cumplimiento del procedimiento. Paralelamente, La Libertad Avanza resolvió expulsarlo de sus filas y marcó un fuerte distanciamiento político.
En este contexto, López se negó a someterse a pericias psicológicas solicitadas en la investigación y, a través de su abogado, cuestionó la validez de los audios, alegando que podrían haber sido manipulados. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el ex concejal insiste en su inocencia y afirma que lo demostrará ante los tribunales.
El caso no solo mantiene en vilo a la opinión pública salteña, sino que también reaviva el debate sobre la ética de los representantes, la responsabilidad política frente a denuncias de género y la necesidad de instituciones transparentes con tolerancia cero hacia la violencia.
Redacción: Diario Inclusión.
