La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por los familiares de la adolescente, que relataron episodios de abuso en el domicilio donde convivían. Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal aportó pericias médicas y testimonios de testigos que acreditaron el vínculo de confianza que el agresor había instaurado con la menor.
El juez a cargo del Tribunal de Juicio valoró la prueba recogida y consideró que existió daño moral y físico irreversible, además de la explotación de la indefensión de la víctima. La defensa intentó cuestionar la credibilidad de los testimonios, pero el tribunal desestimó esos planteos por falta de consistencia.
En su alegato final, el fiscal destacó la relevancia de proteger a las personas menores de edad frente a los abusos de mayores de edad, y reclamó una sanción ejemplar para desalentar este tipo de delitos. El fallo incluyó también la inhabilitación del condenado para ejercer tareas que impliquen trato directo con menores.
La adolescente accedió a un programa de contención psicológica y psiquiátrica dispuesto por la Justicia, mientras la Fiscalía evalúa ofrecerle asistencia jurídica para eventuales reclamos de reparación. El Ministerio Público subrayó que continuará trabajando en la prevención y en la difusión de vías de denuncia para víctimas de violencia sexual.
Redacción Diario Inclusión 📝
