El Juzgado Federal de Tartagal formalizó este martes la imputación contra el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros y otras seis personas, acusadas de integrar una organización dedicada al contrabando agravado de granos y asociación ilícita, que durante al menos un año y medio habría movilizado más de 15.000 toneladas hacia Bolivia mediante el uso de cartas de porte apócrifas.
Los acusados fueron identificados como Alejandro Fernando Pedraza; Jean Denis Toledo; Leandro Nahuel Toledo; Jorge Gabriel Arenas; Willans Ygnacio Dorado y Pablo Emanuel Arequipa, este último prófugo, con pedido de captura nacional e internacional tras fugarse horas antes de los allanamientos.
Una organización estructurada
En la audiencia de formalización, la fiscal federal subrogante Lucía Orsetti describió el funcionamiento de la estructura. Señaló que Arequipa, actualmente prófugo, cumplía el rol de principal financista y coordinador de las maniobras; que Cisneros, a través de la firma LU.MA.CIS SRL, facilitaba operaciones comerciales y logísticas; y que el resto de los acusados participaba como transportistas, administradores o responsables de depósitos.
De acuerdo a la acusación, la red utilizaba cartas de porte apócrifas —documentos requeridos para el transporte legal de granos—, las cuales permitían disimular el origen de la mercadería y sortear controles aduaneros. Los cargamentos se trasladaban desde distintos puntos de Salta hasta depósitos en Salvador Mazza y Tartagal, desde donde eran derivados hacia Bolivia por pasos no habilitados.
“Estamos frente a una maniobra organizada y sostenida en el tiempo, con división de tareas y un claro objetivo económico: evadir el control estatal para exportar granos de manera clandestina”, expresó la fiscal Orsetti durante la audiencia.
Empresas bajo la lupa
La investigación reveló que el grupo criminal operaba mediante sociedades registradas en la zona. Entre ellas, Sergesa SRL, Spray and Seeds Agroservice SAS y LU.MA.CIS SRL.
Los informes contables señalan que las empresas ligadas a Arequipa facturaron más de $1.418 millones en 2024, mientras que LU.MA.CIS SRL —con vínculos directos a Cisneros— declaró ingresos por casi $45 millones en menos de un año de actividad.
La fiscalía no descartó que, además del contrabando, los imputados hayan incurrido en lavado de activos, mediante la canalización de las ganancias ilícitas a través de estas sociedades.
Allanamientos y secuestros
La investigación derivó en nueve allanamientos realizados en Salvador Mazza y Tartagal, con intervención de Gendarmería Nacional. Allí se secuestraron granos valuados en $69.240.106,90, además de armas, equipos de comunicación, máquinas de contar billetes y documentación vinculada al contrabando.
En uno de los domicilios allanados, al que se vinculaba a Arequipa, el personal halló evidencias de una fuga apresurada. Según describió la fiscal Orsetti:
“Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias.”
Situación procesal
Tras escuchar los planteos de la fiscalía, la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández, dictó prisión preventiva para Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo, mientras que Jorge Arenas fue beneficiado con la libertad bajo medidas alternativas.
La jueza fundamentó su decisión en la existencia de riesgos procesales: posibilidad de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. En paralelo, libró la orden de captura nacional e internacional contra Arequipa, considerado pieza clave de la organización.
El trasfondo político y económico
El caso genera fuerte repercusión en el norte de Salta, no solo por la magnitud económica del contrabando —que impacta directamente en la recaudación fiscal y en el mercado agrícola—, sino también por la figura de Luis Gerónimo Cisneros, conocido en el ámbito político provincial por su paso como legislador del departamento San Martín.
El escándalo judicial profundiza el debate en torno al contrabando de granos en la frontera, un fenómeno de larga data en la región y que involucra intereses económicos transnacionales.
“Se trata de una organización criminal que afectó de manera directa al erario público y que operó con niveles de logística propios de estructuras de gran envergadura”, remarcó Orsetti.
Próximos pasos
La Fiscalía Federal de Tartagal continuará con las pericias contables y documentales para precisar el volumen económico total de la maniobra y determinar el destino final de los fondos. También se investigará la posible participación de otros actores, tanto locales como en Bolivia, en el circuito de comercialización ilegal.
Mientras tanto, el desafío inmediato de la justicia es dar con el paradero de Pablo Emanuel Arequipa, cuya detención se considera clave para completar la acusación y robustecer la hipótesis sobre la estructura de la organización.
Redacción: Diario Inclusión.
