En un fallo sin precedentes, la Sala 7 del Tribunal de Juicio de Salta condenó a 17 personas por integrar una organización narcocriminal que funcionaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1. Las penas van desde 1 año hasta 10 años y 6 meses de prisión, y alcanzan a funcionarios del Servicio Penitenciario, internos del penal y familiares de personas privadas de libertad.
El proceso judicial se extendió durante diez semanas, desde el 4 de agosto hasta mediados de octubre, y estuvo a cargo de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar. La investigación, liderada por la Unidad Fiscal, logró acreditar la existencia de una estructura delictiva con jerarquías y roles definidos, dedicada a la venta sistemática de estupefacientes y a la comisión de exacciones ilegales dentro del penal.
Los ocho funcionarios penitenciarios recibieron penas de entre 4 años y 6 meses y 10 años y 6 meses, mientras que los dos internos y los familiares involucrados fueron condenados a entre 1 y 9 años y 6 meses. Las sentencias se ajustaron, en su mayoría, a lo solicitado por el procurador General Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron cómo los acusados se apartaron deliberadamente de la normativa vigente para sostener un sistema criminal que les reportaba beneficios económicos. La comercialización de drogas dentro del penal se realizaba aprovechando la vulnerabilidad de los internos, mientras que las exacciones ilegales se ejecutaban mediante prácticas extorsivas.
En su alegato final, García Castiella subrayó la gravedad institucional del caso, señalando que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos. Según el procurador, algunos funcionarios decidían arbitrariamente quién sufría abusos y quién obtenía privilegios, desnaturalizando la función estatal de ejecución de penas.
Además de los delitos económicos y contra la administración pública, el caso puso en evidencia un atentado directo contra la dignidad de las personas privadas de libertad. El procurador instó a reforzar los mecanismos de control institucional para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza, que comprometen seriamente la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos.
Redacción Diario Inclusión 🖋️
