La Argentina transita un momento de alta sensibilidad económica y social, marcado por decisiones que evocan los ecos de la crisis del 2001. Bajo la conducción de Javier Milei, el país se encuentra en el umbral de un nuevo modelo de gestión que promete reformas profundas, pero también genera incertidumbre sobre su impacto en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Se plantea así una visión crítica sobre las similitudes entre el contexto actual y el colapso institucional de hace más de dos décadas. La combinación de ajuste fiscal, recortes sociales y liberalización económica despierta temores en sectores vulnerables, que ya sienten el peso de la inflación y la caída del poder adquisitivo.
Milei ha defendido su plan como una “terapia de shock” necesaria para evitar una catástrofe mayor. Sin embargo, voces expertas advierten que la velocidad y profundidad del ajuste podrían generar efectos colaterales difíciles de revertir. La falta de contención social y el debilitamiento del Estado en áreas clave como salud, educación y empleo, configuran un escenario de alta fragilidad.
La comparación con el 2001 no es solo simbólica: el deterioro del tejido social, la pérdida de confianza en las instituciones y la polarización política recuerdan aquel momento de ruptura. Aunque las condiciones macroeconómicas son distintas, el riesgo de una crisis de representación y gobernabilidad está latente.
En este contexto, el rol de los actores políticos, sindicales y sociales será determinante. La capacidad de construir consensos, evitar la confrontación violenta y sostener el diálogo democrático será clave para transitar este período sin repetir errores del pasado.
La ciudadanía, por su parte, se encuentra dividida entre quienes apoyan el rumbo libertario como única salida posible y quienes reclaman un modelo más inclusivo y humano. La tensión entre eficiencia económica y justicia social vuelve a estar en el centro del debate nacional.
Redacción Diario Inclusión.
