Un taxista oriundo de Tucumán fue detenido el 3 de noviembre en Paso de los Libres, Corrientes, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Brasil. Se trata de Álvaro Facundo Luján, quien era buscado por la justicia federal de Salta por su presunta participación en una operación de narcotráfico. La captura se concretó gracias a una alerta emitida por la Dirección Nacional de Migraciones, que detectó el pedido de captura nacional e internacional en su contra.
La investigación se remonta al 20 de marzo, cuando Gendarmería Nacional interceptó una camioneta Toyota Hilux en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Durante la requisa, se hallaron 9,4 kilos de cocaína ocultos en dos neumáticos, con una pureza del 89%, suficiente para producir más de 72 mil dosis. El conductor, Delmiro Prado, fue imputado como autor del delito de transporte de estupefacientes.
A partir del análisis del celular de Prado y tareas de inteligencia criminal, la fiscal subrogante Paula Gallo logró vincular a Luján como “coche puntero” en el recorrido de la camioneta. El 23 de mayo se autorizó avanzar en esa línea investigativa, y se estableció que el taxista había acompañado el trayecto del vehículo, según el geoposicionamiento de su teléfono.
El 30 de octubre, Gendarmería allanó el domicilio de Luján en San Miguel de Tucumán. Aunque no se encontraba en el lugar, llegó en su Fiat Palio, vio a los uniformados y huyó. A pesar de la persecución, logró escapar, lo que motivó el pedido de captura nacional e internacional. Cuatro días después, fue interceptado en el paso fronterizo de Corrientes.
Durante la audiencia de imputación, la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, convalidó la detención y ordenó la prisión preventiva de Luján como coautor del delito de transporte de estupefacientes. La defensa intentó argumentar que no había intención de fuga, pero la fiscalía refutó esa versión con pruebas del procedimiento migratorio.
Además, se conoció que Luján tiene antecedentes penales: fue condenado en 2022 a tres años de prisión condicional por amenazas agravadas y lesiones graves. Este dato fue clave para que la fiscalía invocara la figura de “reiterancia delictiva”, incorporada al Código Procesal Penal Federal en marzo de este año, como argumento para evitar su excarcelación.
La jueza rechazó el pedido de arresto domiciliario y autorizó peritajes y el levantamiento del secreto bancario y financiero del imputado. La causa continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, que destacó la gravedad del hecho y el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico.
Redacción Diario Inclusión 📝
