El caso conocido como Coimagate en la ANDIS sigue sacudiendo al ámbito político y judicial. La investigación por presuntas coimas reveló un entramado de corrupción que involucra a funcionarios, empresarios y hasta miembros de la Oficina Anticorrupción, exponiendo la profundidad de un sistema de protección enquistado en el Estado.
El protagonista central es Miguel Ángel Calvete, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes paraestatales de la agencia. Calvete, actualmente detenido por proxenetismo, habría sostenido durante años una estructura de encubrimiento que permitió desviar fondos millonarios y manipular licitaciones.
Uno de los hallazgos más insólitos fue un papel pegado en la heladera de la casa de Calvete, con instrucciones para responder “Acá no es” ante cualquier mención de empresas vinculadas o de su propio nombre. El mismo instructivo ordenaba avisar y fotografiar cualquier allanamiento, consultando de inmediato al abogado Camilo Cordero Fabbri, quien paradójicamente ocupa un cargo en la Oficina Anticorrupción.
El operativo judicial secuestró bienes y dinero en efectivo, incluyendo 700 mil dólares en la vivienda de Calvete. La propia hija del acusado reclamó la devolución de parte del dinero, alegando que eran sobrantes de un viaje. El fiscal Picardi estimó el monto del desvío en 37 mil millones de pesos, una cifra que dimensiona la magnitud del escándalo.
La periodista Maru Duffard subrayó la gravedad del caso: “Que alguien condenado esté libre, con operadores dentro de oficinas estratégicas, demuestra que el problema es mucho más grave que un solo caso de corrupción. Es un sistema”. La causa, iniciada por audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, derivó en una pesquisa que destapó pagos ilegales y licitaciones amañadas.
El proceso judicial avanza contra 21 imputados, muchos de los cuales optaron por el silencio. La fiscalía evalúa si alguno recurre a la figura de “imputado colaborador” para aportar información sobre la cadena de mando y acceder a beneficios judiciales.
Con antecedentes en el sector farmacéutico y vínculos con causas de lavado de dinero, Calvete aparece como el epicentro de una red que expone la fragilidad institucional y la penetración de la corrupción en áreas sensibles del Estado. El desenlace de la causa será clave para medir hasta dónde llega la responsabilidad política y administrativa en este entramado.
✍️ Redacción Diario Inclusión.
