En una maratónica sesión del Concejo Deliberante de Tartagal, el oficialismo aprobó un nuevo aumento de tasas municipales junto con el Presupuesto Municipal 2026 y la Ordenanza Tarifaria, profundizando así el malestar entre comerciantes, trabajadores y vecinos de la ciudad. La medida deja a Franco Hernández posicionado como el intendente que más ha incrementado la presión fiscal sobre los tartagalenses en los últimos años.
Pese a que la inflación nacional continúa siendo un dolor de cabeza para las economías familiares, la administración de Hernández impuso un aumento del 30 % en la Unidad Tributaria Municipal, un salto que supera con creces las proyecciones inflacionarias actuales y se traduce en cuotas más caras por servicios básicos como alumbrado, barrido y limpieza.
El oficialismo, unidos a favor del ajuste fiscal
La iniciativa del Ejecutivo contó con el apoyo clave de los concejales oficialistas Luis Rivero y Sergio González, quienes votaron a favor del paquete fiscal. La sesión generó sorpresa cuando ambos ediles abandonaron su postura crítica sobre la transparencia en el manejo de las cuentas públicas, admitiendo que su apoyo se debía a cambios mínimos incorporados sobre la marcha.
Solo tres concejales, Margarita Rauch, Sergio Jure y Manuel Moreno, se opusieron a la rapidez del tratamiento y mocionaron el pase a comisión para un análisis más exhaustivo del presupuesto y sus prioridades. En sus discursos, advirtieron sobre el impacto económico negativo de las nuevas tasas en una economía local ya presionada por la falta de obras significativas y servicios públicos precarios.
Un Presupuesto dependiente y una recaudación que no alcanza
El Presupuesto Municipal 2026 aprobado prevé recursos por más de $41.400 millones, con una fuerte dependencia de fondos externos, que representan cerca del 73 % de los recursos corrientes. Esto reduce la autonomía financiera del municipio y coloca en duda la sostenibilidad de las políticas impulsadas desde el Ejecutivo.
Además, los recursos propios generados por tasas e impuestos representan apenas el 26 % de los ingresos municipales, lo que evidencia la necesidad de mayores aportes desde la Provincia y la Nación, aun cuando los vecinos cargan con subas constantes en sus tributos.
Críticas vecinales y balance oficial
En las calles de Tartagal, la sensación entre muchos contribuyentes es de frustración: aumentos generalizados de tasas sin que se perciban mejoras sustanciales en la prestación de servicios básicos ni en obras de infraestructura de gran impacto social. A diferencia de otros anuncios de obras que vinculan al municipio con la Provincia —como inauguraciones de pavimento, iluminación y nuevas aulas educativas—, que si bien existen, parecen no bastar para compensar la creciente carga impositiva.
Frente a las críticas, el jefe de gabinete municipal aseguró que los valores de las tasas responden «a costos consecuentes con los servicios que reciben» y comparó los valores con los de otras ciudades de Salta, argumentando que la recaudación es necesaria para sostener prestaciones como recolección de residuos y limpieza urbana.
Un futuro de tensiones fiscales
Con este escenario, Tartagal entra en 2026 con un debate fiscal más polarizado que nunca: por un lado, el Ejecutivo que defiende el aumento de tasas como una necesidad ante desequilibrios presupuestarios; por otro, vecinos y opositores que ven en estos incrementos una carga que no se traduce en beneficios tangibles para la comunidad.
La incógnita ahora es si, con la economía familiar cada vez más ajustada, la recaudación extraordinaria podrá revertirse en obras y servicios que justifiquen el esfuerzo de los contribuyentes, o si la ciudad seguirá cargando con una presión tributaria que muchos consideran excesiva e injustificada.
Redacción: Diario Inclusión.
