![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.diarioinclusion.com/wp-content/uploads/vega-outes-biella-e1766155737469.jpg)
El debate por el Presupuesto Nacional 2026 dejó expuesta una profunda grieta entre los representantes salteños en el Congreso. En una sesión cargada de tensión, la mayoría de los diputados nacionales por la provincia acompañó el controvertido Capítulo 11 del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, una cláusula que proponía derogar leyes aprobadas este mismo año, entre ellas el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.
La votación desató una ola de cuestionamientos, ya que el respaldo salteño incluyó a legisladores de distintos espacios políticos. Pablo Outes y Yolanda Vega, de Innovación Federal y alineados con el gobernador Gustavo Sáenz, se sumaron al voto afirmativo junto a los diputados libertarios Carlos Zapata, Eliana Bruno, María Gabriela Flores y Julio Moreno. Para amplios sectores sociales, educativos y de la discapacidad, este acompañamiento implicó avalar un recorte directo sobre derechos sensibles y áreas estratégicas.
En contraste, el diputado Bernardo Biella fue el único representante de Salta que votó en contra del Capítulo 11, desmarcándose del resto de la delegación provincial. Su postura fue leída como un gesto político claro en defensa de la educación pública y de los sectores más vulnerables, en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
Si bien el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción y pasó al Senado, el Capítulo 11 finalmente fue rechazado y quedó fuera del texto definitivo. Sin embargo, el episodio dejó un fuerte saldo político: la exposición de los legisladores salteños que estuvieron dispuestos a acompañar una iniciativa que implicaba eliminar garantías básicas para universidades y personas con discapacidad.
Desde distintos ámbitos se remarcó que, más allá del resultado final, el sentido del voto no es un dato menor y marca prioridades políticas. “No se trataba solo de números, sino de derechos”, señalaron desde sectores críticos, que advirtieron que el respaldo al ajuste contradice los discursos de defensa del federalismo y la justicia social que muchos de estos legisladores suelen enarbolar en la provincia.
El debate ahora se traslada al Senado, pero en Salta el cuestionamiento ya está instalado: quiénes representan verdaderamente los intereses de la educación pública, la inclusión y los sectores más vulnerables, y quiénes optan por alinearse con la lógica de la “motosierra”, aun a costa de derechos conquistados.
Redacción Diario Inclusión
