El Senado se prepara para una jornada clave en el tratamiento del Presupuesto 2026. Más allá de las cifras generales, el debate se concentra en el artículo 30, que propone derogar las normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología.
La iniciativa impulsada por el oficialismo plantea dejar sin efecto el piso del 6% del PBI destinado a educación y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% en ciencia y tecnología. También impacta en la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.
Desde el Gobierno justifican la medida señalando que esos pisos nunca se cumplieron de manera sistemática y que, en un contexto de ajuste fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario. Según el oficialismo, la eliminación permitiría mayor flexibilidad en la asignación de recursos y evitaría compromisos que el Estado no puede cumplir.
La oposición, en cambio, denuncia un retroceso estructural. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones científicas advierten que quitar los mínimos legales deja a la educación y la ciencia a merced de decisiones coyunturales. Reclaman que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.
En el caso de las universidades públicas, el reclamo se centra en la brecha entre los recursos previstos y las necesidades reales para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas. Las escuelas técnicas, por su parte, alertan que la eliminación del financiamiento específico implicaría una reducción drástica de fondos, con impacto directo en talleres, equipamiento y programas de formación.
El debate legislativo se da en un contexto ajustado: si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados, lo que podría demorar su sanción definitiva. El oficialismo busca evitar modificaciones para acelerar la aprobación, mientras la oposición insiste en blindar los pisos de inversión.
La sesión de este viernes no solo definirá el rumbo del Presupuesto 2026, sino también el alcance de la política educativa del Gobierno en los próximos años. El artículo 30 expone una discusión de fondo sobre el rol del Estado y las prioridades de largo plazo, en un escenario donde ajuste fiscal e inversión en educación vuelven a chocar de frente.
✍️Redacción Diario Inclusión
