La deuda pública argentina alcanza los USD 380.000 millones y vuelve a encender señales de alerta en el frente macroeconómico. Aunque el Gobierno celebró en enero el pago de un bono por USD 4.000 millones, el verdadero problema no está en el corto plazo inmediato, sino en el embudo de vencimientos que se concentra entre 2026 y 2027, período en el que se define la sostenibilidad real del programa económico.
Del total adeudado, USD 200.000 millones están nominados en dólares y USD 180.000 millones en pesos, una composición que expone al país a una fuerte vulnerabilidad cambiaria. En términos relativos, la deuda equivale al 60% del PBI, un nivel que, lejos de ser tranquilizador, ya demostró en el pasado que no impide escenarios de default: en 2001, Argentina colapsó con un ratio similar.
El principal foco de preocupación es el perfil de vencimientos, claramente desordenado. Más del 55% del stock total vence en apenas dos años, lo que implica compromisos por unos USD 210.000 millones. La deuda en pesos, lejos de ser un alivio, es mayoritariamente de muy corto plazo, concentrada entre 2026 y 2027, obligando al Tesoro a sostener una bicicleta financiera permanente para evitar tensiones en cada licitación.
En el frente externo, el panorama es todavía más delicado. En 2026 vencen cerca de USD 20.000 millones, mientras que en 2027 los pagos saltan a USD 30.000 millones, impulsados por mayores vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional, pagos de Bopreal y préstamos de corto plazo tomados por el Banco Central. Ese año, además, el FMI deja de compensar los pagos con nuevos desembolsos, lo que implica una salida neta de dólares.
A este cuadro se suma un dato estructural que agrava todo el esquema: Argentina no tiene reservas internacionales netas. El Banco Central mantiene una posición negativa, lo que significa que el país debe dólares y no los tiene. A diferencia de otras economías de la región, que cuentan con reservas suficientes para cubrir su deuda externa, Argentina enfrenta los vencimientos sin respaldo propio.
El acceso al financiamiento tampoco ofrece alivio. Con un riesgo país en torno a los 550–600 puntos, el país sigue virtualmente excluido del mercado voluntario de crédito. Las colocaciones que se logran son escasas, caras y de corto plazo, como los préstamos tipo RIPO, que lejos de resolver el problema lo postergan y encarecen.
En este contexto, el Gobierno apuesta a pagar los intereses en dólares —unos USD 9.000 millones anuales— utilizando el superávit fiscal para comprar divisas. Si bien esta estrategia evita seguir acumulando deuda, introduce una presión adicional sobre el mercado cambiario y expone al esquema a saltos del tipo de cambio si la oferta de dólares no alcanza.
La conclusión es inquietante: la deuda argentina no es explosiva hoy, pero es frágil y altamente sensible a cualquier shock. El año 2027 aparece como el verdadero punto de estrés, cuando confluyen vencimientos elevados, menos asistencia externa y un Banco Central sin reservas. Sin una baja sustancial del riesgo país, acceso real al crédito y acumulación genuina de dólares, la sostenibilidad del esquema sigue en duda.
La deuda dejó de ser un problema teórico: vuelve a ser una amenaza concreta para la estabilidad económica del país.
Redacción: Diario Inclusión.
