La jefatura de Gabinete emitió ayer la decisión administrativa 6, con la firma de Marcos Peña y Nicolás Dujovne, por la que distribuyó los fondos que fueron establecidos para cada jurisdicción en el Presupuesto Nacional 2018 y dentro del mismo puso en marchas la limitaciones para incorporar personal al Estado y para la contratación de obras y servicios en cada área.
Así, en el artículo 2 de la Decisión Administrativa se instruye al «Ministerio de Modernización a realizar el detalle analítico de cargos y horas cátedra de conformidad con la distribución efectuada en el artículo 1º de la presente y la Planilla «B» anexa al artículo 6º de la Ley Nº 27.431, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de publicada la presente. Facultase a dicho Ministerio a efectuar la actualización periódica que corresponda de conformidad con la evolución de la dotación.»
Para esa tarea, que ya esta realizando Andrés Ibarra y que tiene un dead line fijado para que todos los ministerios le presenten sus informes sobre recortes en cargos de las categorías más altas de la administración y en los presupuestos para financiarlas, se habilita a Modernización a «requerir información necesaria a las jurisdicciones y entidades, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente, y a dictar las normas operativas, aclaratorias y complementarias para el cumplimiento a los artículos 2°, 4º, 5º y 7° de la presente».
Entre las disposiciones que firmaron Peña y Dujovne para recordar a los ministros y funcionarios los límites del gasto, se establece que «las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional no podrán efectuar contrataciones encuadradas en el artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 o cualquier otra modalidad contractual prevista en la Ley de Contrato de Trabajo o estatutos especiales que superen la cantidad existente al 31 de diciembre de 2017. A tal efecto, el Ministerio de Modernización establecerá y distribuirá por Jurisdicción y Entidad la cantidad de contrataciones mencionadas».
La llave de todo ese proceso, de todas formas, la seguirá teniendo el Jefe de Gabinete, como sucede cada año: «podrá autorizar excepciones en los casos que se supere la cantidad asignada a cada jurisdicción ante situaciones de justificadas necesidades de funcionamiento», dice la Decisión Administrativa.
Así, «la incorporación, reasignación, homologación, ratificación y derogación de cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SINEP, serán aprobadas conjuntamente con el dictado de la estructura organizativa correspondiente, con la previa intervención de la Jefatura del Gabinete de Ministros. A tal efecto, las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo deberán acompañar la fundamentación correspondiente y un análisis de su costo y del financiamiento presupuestario».
En cuanto a los organismos que deben realizar contribuciones al Tesoro Nacional, como el Banco Central o el Nación, se establece que «deberán ser aportadas en cuotas trimestrales, iguales y consecutivas hasta la finalización del ejercicio presupuestario. El vencimiento de las mismas será el último día hábil de cada trimestre, excepto para el mes de diciembre cuyo vencimiento será el día 15 del citado mes» y clara que se fijarán «cuando la situación financiera de los organismos involucrados así lo justifique, fechas especiales de ingreso de la contribución correspondiente».
