El juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral a la expresidente y actual senadora nacional Cristina de Kirchner en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, originado en la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman.
La causa cuenta con cinco detenidos y el pedido de la prisión preventiva contra la legisladora de Unidada Ciudadana, que todavía cuenta con fueros del Congreso. «Es una buen noticia», celebró el abogado de la exmandataria, Roberto Boico.
Según la resolución que divulgó el Centro de Información Judicial (CIJ), que dependen de la Corte Suprema, el magistrado elevó la causa para enjuiciar además al excanciller Héctor Timerman; a su vicecanciller Eduardo Zuain; a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona; al ex N°2 de la AFI, Juan Martín Mena; al encarcelado exsecretario Legal y Técnica, Carlos Zannini; al exjefe de la AFI, Oscar Parrilli, y al diputado del Frente para la Victoria, Andrés Larroque por los «delitos de encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad».
Asimismo, se enjuiciará a los dirigentes detenidos Luis D’elía, Jorge Alejandro Khalil, Fernando Esteche y al exespía Ramón Allan Bogado por «encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, conductas que concurren de manera ideal», calificados por los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch como «traición a la Patria». Bonadio había procesado a los acusados por este delito, pero la figura fue revocada por la Cámara Federal porteña cuando confirmó su fallo de manera parcial.
Este es la tercera causa judicial en la que la ex Presidenta fue enviada a juicio oral: la semana pasada se sorteó tribunal para el juicio en su contra por asociación ilícita en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz y ya se prepara el otro debate en su contra por la venta de dólar futuro al final de su gobierno. Además está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa «Los Sauces» y el juez federal Julián Ercolini tiene que definir su situación procesal en «Hotesur», donde ya fue indagada.
Al enviarla a juicio oral en la denuncia de Nisman, Bonadio recordó que según la investigación hubo un «plan orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente» y sus ex funcionarios procesados, para garantizar la impunidad de ciudadanos iraníes con circulares rojas de captura internacional por parte de Interpol. Por esta causa están presos Zannini, D’Elía, el ex líder de Quebracho Esteche y el referente de la comunidad islámica Khalil. Todos ellos quedaron a disposición del Tribunal Oral que resulte sorteado y ante el cual deberán presentar desde ahora futuros pedidos de excarcelación.
Bonadio seguirá con parte de la investigación vinculada a otros imputados y a órdenes que le dio la sala II de la Cámara Federal para avanzar con nuevos elementos de prueba. En la resolución de elevación a juicio, el juez sostuvo que los funcionarios del Estado nacional «abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados».
Para ello «participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados».
Bonadio enumeró las reuniones previas a la firma del Memorándum de Entendimiento el 27 de enero de 2013 en Etiopía y sostuvo que el documento «fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet Fernández al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA».
Pero según el juez, «en verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina».
Si la ex presidenta llega a este juicio como senadora, deberá presentarse a las audiencias en todas las instancias que se le requieran pero podrá ser enviada a prisión (en caso de recaer una condena de cumplimiento efectivo que quede firme) solamente cuando cese su actividad parlamentaria y queden sin efecto sus fueros.
