Como se esperaba, la corte de segunda instancia que le había impuesto a Luiz Inácio Lula da Silva doce años y un mes de cárcel por corrupción ratificó ayer su fallo y dejó al expresidente a las puertas de la cárcel y prácticamente fuera de la pelea por regresar al poder.
El Tribunal Regional Federal 4, con sede en Porto Alegre, rechazó por unanimidad los «embargos de declaración» de la defensa contra la sentencia que había determinado que el expresidente brasileño recibió un tríplex en Guarujá como soborno de la constructora OAS a cambio de contratos «arreglados» con Petrobras. Dichos recursos tienen un carácter meramente explicativo de los fallos y, si bien cabe ahora la presentación de un «embargo del embargo», ya nada hará que el TRF4 dé marcha atrás, por lo que la publicación de la determinación es solo cuestión de días.
Lula tiene ahora dos dramas. El primero, lo dicho, es que una sentencia en corte de alzada abre la posibilidad del inicio del cumplimiento de la pena de prisión, aun cuando queden instancias de apelación. Pero ese escenario quedó en suspenso hasta el próximo miércoles 4 de abril, cuando el Supremo Tribunal Federal tratará un habeas corpus en su favor. Si lo concede, en atención al respeto a la presunción de inocencia y al derecho individual a agotar un proceso en libertad, el STF revertirá jurisprudencia que él mismo había adoptado en octubre de 2016, algo razonable desde el punto de vista legal pero sumamente controvertido en lo político: para los detractores del líder de la izquierda, el Supremo estaría cambiando sus enfoques a pedido de un hombre aún poderoso.
El otro drama para el expresidente es que la decisión de ayer lo deja virtualmente fuera de la carrera electoral. Y en este caso se trata de un daño autoinfligido.
Menos de seis meses antes de dejar el poder, en junio de 2010, Lula promulgó la Ley Complementaria 135/10, conocida como la de «ficha limpia», que postula en su artículo 2, inciso L, que serán inelegibles «quienes sean condenados a la suspensión de los derechos políticos, en decisión tramitada en juzgado o emitida por un órgano judicial colegiado, por acto doloso de improbidad administrativa que suponga lesión al patrimonio público y enriquecimiento ilícito (…)». Ese tipo de delitos claramente incluye los de corrupción pasiva y lavado de dinero, por los que fue condenado el fundador del Partido de los Trabajadores. Y la referencia a un «órgano judicial colegiado» alude ni más ni menos que a un tribunal de alzada como el TRF4.
Uno de los abogados de Lula, José Roberto Batochio, dijo que el exmandatario todavía no puede ser considerado «ficha sucia» porque «la decisión no transitó en juzgado. Este juicio no terminó». Se aferró así al imposible «embargo del embargo» o, acaso, a la idea de plantear también la inconstucionalidad de esa norma.
Por plausible que pueda resultar la impugnación de una ley que quita derechos políticos a un ciudadano que, a falta de condena firme, todavía debe ser considerado inocente, ese planteo podría resultar políticamente inviable para Lula. Primero, porque él mismo promulgó la ley. Segundo, porque el Partido de los Trabajadores la defendió férreamente durante su tránsito en el Congreso. Tercero, porque la misma, al ser una ley complementaria, fue aprobada con una mayoría agravada, diferente a la de una ley simple, lo que la blinda en su legitimidad política. Y cuarto, porque surgió de una iniciativa popular que recibió 1,6 millón de firmas, lo que refuerza esa legitimidad también en el plano social.
¿Por qué Lula cedió en 2010 a semejante despliegue de «populismo judicial», según el cual un concepto moral termina valiendo más que la Constitución? Porque venía golpeado por el escándalo del «mensalão», un esquema de financiación ilegal de la política que fue precursor del más grave «petrolão». Debió entonces sobreactuar para imponer como su sucesora a Dilma Rousseff. Hace ya mucho tiempo que las denuncias de corrupción condicionan los pasos del exmandatario.
Desde entonces, ya son miles los candidatos de todos los niveles que resultaron excluidos de elecciones sin que nunca se haya revisado esa norma. El plazo final para la inscripción de las candudaturas finaliza el 15 de agosto y la última palabra la tendrá el Tribunal Superior Electoral. Pero si es posible imaginarse que el Supremo le evite la cárcel inmediata a Lula (y a decenas de políticos ya encerrados o camino de estarlo), pensar que este termine resultando candidato entra ya en el terreno de las quimeras.
Acaso la campaña que estamos viendo, con un Lula primero en todas las encuestas y recorriendo todo Brasil (encontrando tanto multitudes que lo aman como detractores que lo reciben con huevos e insultos), solo sea el preludio de su verdadero objetivo: preparar el terreno para una nueva «Dilma», ya sea salida del PT o, más en general, del movimiento de izquierda brasileña.
¿Será este Lula crepuscular capaz de hacerlo de nuevo?
