La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó ante el Ministerio de Justicia una impugnación contra la candidatura de Inés Mónica Weinberg de Roca al cargo de procuradora general de la Nación, al considerar que la letrada «no posee un claro compromiso con los derechos humanos».
Por los mismos motivos, la emblemática entidad defensora de los derechos humanos objetó también las nominaciones de Guillermo Jorge Yacobucci a juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y de Guido Otranto al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Río Negro.
Asimismo, Abuelas impugnó ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación al doctor Santiago Ulpiano Martínez, candidato a Fiscal General de Bahía Blanca.
«La doctora Weinberg no cumple con lo referido a la exigencia de un claro compromiso con los derechos humanos, dado que sus posiciones públicas no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina», señaló Abuelas en un comunicado.
La entidad recordó que como miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Weinberg, al ser consultada por el proceso de justicia en ese país, contestó que sólo se «estaba generando prueba de un solo lado».
«Entonces, tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien», había señalado Weinberg según las declaraciones que le atribuye Abuelas.
«La doctora Weinberg, además, como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, emitió un fallo que faculta a la Policía a detener personas en la vía pública para pedirles identificación, sin una justificación objetiva. Este criterio implica un grave retroceso para las garantías constitucionales», fundamentaron.
Con respecto a Yacobucci, se cita que como juez subrogante en la Casación, dispuso el cese de la prisión preventiva a represores que actuaron en la ESMA, como Jorge Acosta o Alfredo Astiz.
«Además, sostuvo que los organismos de derechos humanos no podían presentarse como querellantes en la misma causa ESMA, desconociendo así el derecho a accionar colectivamente»,remarcaron desde Abuelas.
En cuanto a la impugnación a la candidatura de Otranto, la organización censuró la actuación que tuvo en la investigación relativa a la desaparición de Santiago Maldonado tras un procedimiento ejecutado por la Gendarmería Nacional, dispuesto a su orden.
«El juez no sólo negó a los familiares de la víctima la posibilidad de ser recibidos y escuchados, sino que durante todo el proceso demostró su parcialidad y, por lo tanto, finalmente fue apartado de la causa», sostuvieron.
Por último, las Abuelas se refirieron a Ulpiano Martínez, porque durante su actuación en Bahía Blanca como juez federal subrogante demostró «severas deficiencias en la investigación de crímenes de lesa humanidad que dilataron la instrucción y garantizaron la impunidad a los responsables de estos graves delitos».
«Esperamos que el Ministerio de Justicia y el Senado desistan de designar en estos importantes cargos a magistrados que no actúan conforme a la consolidación de la Memoria, la Verdad y la Justicia», puntualizaron.
