El Gobierno proyecta para todo el año un desequilibrio primario de menos del 2,5%, cuando el compromiso ante el organismo era del 2,7%. El inicio de 2019 mostrará también un rojo en baja.
El Gobierno les dará esta semana argumentos a los integrantes del board del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que aprueben el viernes el segundo capítulo del acuerdo con la Argentina cerrado en junio pasado y revisado en septiembre. El déficit fiscal proyectado para este año será de menos del 2,5%, y podría ubicarse incluso cerca del 2%, cuando la meta prometida al organismo financiero internacional era de 2,7%. Incluso se demostraría que el Ejecutivo está en línea para proyectar hacia 2019 una reducción acelerada ya en el primer semestre del año, lo que si bien no garantizaría el promocionado «déficit cero», al menos lo acercaría. El dato no es menor. Con esto el Gobierno podría garantizarse la continuidad de los giros del FMI durante 2019; y dejar tranquilo al board con que, al menos en esta variable, el compromiso con el organismo se está cumpliendo.
Con este panorama, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el mexicano Alejandro Werner -director para el hemisferio occidental- tendrán el viernes en la sede de FMI en Washington argumentos para que los países más díscolos y críticos a seguir apoyando a la Argentina puedan finalmente aceptar las modificaciones del acuerdo original. Se sabe que dentro del board el principal cuestionamiento a cualquier país es que el dinero que se presta desde el FMI se utilice para financiar gastos corrientes. Por esto es importante en el momento de presentar un acuerdo o someterse a los exámenes dentro del artículo IV de la carta orgánica del FMI que la situación fiscal esté controlada o en vistas de estarlo. En el caso argentino, las observaciones sobre el fin para el que el país utiliza el dinero tiene doble interpretación. Por un lado, es el dominio del déficit fiscal, terreno que el Ejecutivo tendría controlado. El segundo es la negativa rabiosa por parte del FMI a que el dinero se utilice para financiar corridas cambiarias, un capítulo que el propio Werner dejó claro en el mismo momento de iniciar las negociaciones con el país en junio pasado. Para esto el Banco Central que maneja Guido Sandleris preparó los argumentos de funcionamiento del primer mes de la «zona de no intervención», algo que para la entidad financiera, y el Gobierno en general, hasta aquí ha dado buenos resultados. En especial durante la semana pasada, donde se sorteó satisfactoriamente el desmantelamiento del antepenúltimo megavencimiento de Lebac. Si todo esto tiene éxito, el FMI aprobará el viernes el acuerdo 2.0 y el país comenzará a transitar el diseño del modelo económico para 2019, año electoral.
Los términos del nuevo acuerdo habían sido negociados a comienzos de septiembre en Washington, fundamentalmente por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, que diseñó junto con el vicepresidente de la entidad, Gustavo Cañonero, la «zona de no intervención» en el mercado cambiario de entre los 34 y los 44 pesos. Sandleris discutió, además, con Lagarde, el mexicano Alejandro Werner (el director gerente para el hemisferio occidental) y el italiano Roberto Caldarelli (el encargado del caso argentino), la manera en que se aplicaría la política de reducción a cero de la emisión monetaria y la posterior generación del equilibrio fiscal durante 2019. Los tres funcionarios del FMI aceptaron las condiciones, previa presión directa desde el Gobierno norteamericano de Donald Trump y el aval de Lagarde que tomó el caso argentino casi como una apuesta política personal. Sin embargo, se especulaba desde Buenos Aires, el Fondo decidió dejar correr unos días la vigencia de la «zona» antes de tomar una decisión final sobre la aprobación del acuerdo desde el board del organismo. Como la creación de Sandleris-Cañonero tuvo resultados medianamente positivos, junto con la promesa de desarticular la bomba de las Lebac, Lagarde y compañía pusieron fecha para la revisión final del acuerdo con la Argentina. El calendario quedó para el 26 de octubre, la misma fecha que el FMI otorgó para controlar la marcha de la aplicación de las normas del artículo IV del organismo en el reino de Bután.
El acuerdo que aprobará el board implica una extensión del préstamo original de u$s50.000 millones, a u$s57.100 millones, además de reducción de los plazos de giro del dinero. Este año, desembolsos por de u$s14.000 millones, es decir u$s8.000 millones más que lo que establece el programa anterior, con lo que el Ejecutivo respirará tranquilo que el dinero necesario para cerrar las cuentas financieras de este ejercicio ya está garantizado. Para 2019, el dinero que girará el FMI será de u$s23.000 millones, cuando el desembolso anterior era de u$s12.000 millones. Totalizan sólo estos dos desembolsos los u$s19.000 millones que fueron el centro de la explicación que Lagarde y Sandleris negociaron en EE.UU., durante la última Asamblea General de las Naciones Unidas. El dinero para 2019 debería resolver también los vencimientos de deuda del próximo año, mientras que las necesidades de fondos para 2020 son hoy una incógnita. Ya habrá tiempo de ocuparse de ese capítulo.
