Asimismo, cada vez son más las entidades privadas que se pronuncian en contra.
Las provincias de Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires anunciaron que no abonarán la suma fija de $60.000 propuesta por el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. Desde los distintos distritos aclararon que decidieron mantener acuerdos salariales establecidos en sus respectivas paritarias, y que eran previos al anuncio del Gobierno nacional.
De acuerdo a la iniciativa aún pendiente de reglamentarse en el Boletín Oficial, la liquidación por parte de los ejecutivos provinciales y municipales será a modo de adhesión. Las provincias y municipios que decidan pagar la suma fija a sus empleados públicos nacionales deberán hacerlo con fondos propios. No habrá partidas específicas del Gobierno nacional para asistirlas con ese gasto, según confirmaron fuentes oficiales.
En tanto crece la cantidad de entidades empresarias que se manifestaron en contra de la iniciativa oficial. Se pronunciaron en contra la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, la Unión Industrial Argentina (UIA), y el grupo de entidades empresarias de Córdoba.
Amenaza
Ayer la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, advirtió que para las empresas que no paguen el bono habrá multas. Los empresarios advierten que esta medida arrojará «más leña al fuego» en materia inflacionaria. «Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa», y en ese sentido indicó que para fiscalizar que se cumpla con la medida se apoyarán en los gremios, agregó la funcionaria.
En tanto, los empresarios de Córdoba reunidos en el G6 fueron tajantes; rechazaron «de plano» la iniciativa oficial y solicitaron dar marcha atrás con el anuncio. «Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos adelantos salariales. Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país», describieron.
En aprietos
Hasta ahora solo tres gobernadores se plegaron a la medida -Rodolfo Suárez (Mendoza), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero)-, mientras que una docena de jurisdicciones provinciales plantearon directamente que no analizan el pago porque están negociando o acaban de cerrar paritarias.
El ministro de Hacienda y Finanzas jujeño, Carlos Sadir, señaló que su provincia no tiene «las posibilidades para hacer frente a ese pago, salvo que el Gobierno nacional envíe los fondos», y repasó que viene trabajando en un esquema salarial totalmente diferente a la administración central, «con fuertes incrementos, inclusive con la inflación acumulada del 60%; todos los sueldos de los agentes provinciales y municipales están por arriba de esos valores». En tanto Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y aliado de Massa, también se cuenta entre los que están «analizando» dar una suma fija; en su administración señalan que los sueldos estatales -por las paritarias acordadas- no vienen perdiendo ante la inflación. Los intendentes ya le hicieron saber que no están en condiciones de hacer frente a ese pago. A la vez San Luis, Chubut y Tierra del Fuego cerraron hace pocos días las paritarias para este tramo del año, lo que dificulta la aceptación de la medida.
Para el comercio, las paritarias son el marco
El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de ordenar el pago de un bono de $60.000 a trabajadores formales a través de un decreto y reclamó que se mantenga la paritaria como el ámbito institucional en el que se discutan los salarios. El dirigente aseguró que es un «plan platita muy caro» que generará problemas por la emisión monetaria necesaria para implementarlo y una nueva suba de precios al aumentar los costos de las empresas.
«Es raro que vengan a esta altura con un bono para todo el mundo. Parece un plan platita muy caro. Lo que hoy parece un bálsamo, es una inyección de morfina que cuando pasa el efecto vuelve el dolor y peor», señaló Grinman en declaraciones a Radio Rivadavia. «Es un plan platita muy caro porque emiten por $700 mil millones y eso va a ir precios y a la inflación», insistió el titular de la CAC. Grinman enfatizó: «Para nosotros el ámbito natural de las discusiones salariales son las paritarias».
