En medio de la fuerte tensión, el Gobierno demandará en la Justicia la presunta “cartelización” de las empresas de medicina prepagas por la fuerte suba en las cuotas.
De acuerdo a lo informado por otros medios, la demanda será presentada este martes a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), desde donde se avanzó la investigación por supuesta colusión.
Esto se suma a la denuncia que realizaron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López, contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), cuyo titular es Claudio Belocopitt, por incurrir en esa presunta cartelización para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afecta negativamente a los usuarios del servicio.
El recurso presentado refiere a la conducta prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley, que plantea que “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”. Esta conducta se considera restrictiva de la competencia e ilegal y significa que, acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia.
La situación de las prepagas tomó mayor relevancia luego de que Luis Caputo lanzara una dura advertencia a las empresas: “Le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, escribió el titular del Palacio de Hacienda.
Las prepagas aumentaron el valor de sus cuotas todos los meses del año después de que Javier Milei decidiera no intervenir en los precios. En concreto, los aranceles mostraron subas del 30% en enero, del 26% en febrero, del 23% en marzo y 19% en abril. En mayo, informaron que las cuotas tendrán un alza del 9% promedio contra el mes previo.
Ante esta situación, el Ejecutivo les pidió a las empresas del sector que congelen los aumentos por tres meses y recibió una rotunda negativa que agudizó el conflicto.
Sin embargo, los empresarios no aceptaron y plantearon que recién podrían congelar las subas en junio o julio, ya que los valores estaban muy atrasados en relación con la inflación. Tras este episodio, se cortó el diálogo entre ambas partes y se tensó aún más la relación. En ese contexto, el Gobierno presentará el miércoles una medida cautelar en la Justicia para frenar los aumentos, que acumulan un alza del 160% promedio en lo que va del año.
