Durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei, las tarifas de electricidad y gas natural se dispararon a niveles históricos. Según un informe de Economía y Energía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la luz aumentó un 344% y el gas un 617%, mientras que la inflación acumulada fue del 171% y los salarios formales subieron apenas 229%.
Este desfasaje revela una profunda pérdida del poder adquisitivo de los hogares, donde los servicios básicos se encarecen más rápido que los ingresos. Aunque el Gobierno argumenta que se trata de una recomposición tras años de congelamiento, el impacto sobre los sectores trabajadores es cada vez más severo.
El estudio señala que los aumentos de 2024 estuvieron por encima del IPC, los salarios y el tipo de cambio, consolidando un ciclo de incrementos progresivos. A pesar de que hacia fines de 2025 se observa una desaceleración, la brecha acumulada ya es difícil de revertir.
En paralelo, se mantuvo la segmentación por ingresos: Nivel 1 (altos ingresos) paga el costo pleno, Nivel 2 (bajos ingresos) cubre el 38% del costo de generación, y Nivel 3 (ingresos medios) el 57%. La cobertura del precio estacional sobre el costo monómico alcanzó el 85%, lo que evidencia una menor participación estatal en subsidios.
El costo de la canasta de servicios públicos en el AMBA supera los 170.000 pesos, y aunque el precio de la electricidad en CABA sigue siendo de los más bajos de América Latina (82 USD/MWh sin impuestos), la comparación internacional no compensa el deterioro local del poder de compra.
La motosierra prometida como símbolo de ajuste se convirtió en una herramienta de transferencia de ingresos hacia las empresas energéticas. Mientras se libera el mercado, se aprieta el bolsillo popular, y el modelo de desregulación tarifaria profundiza la desigualdad.
✍️ Redacción Diario Inclusión
