La actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en la canasta ENGHO 2017-2018, reveló un dato alarmante: los salarios registrados acumulan una caída real del 11,2% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El ajuste, lejos de ser homogéneo, golpea con mayor fuerza al sector público, mientras que los trabajadores no registrados muestran una recuperación sostenida.
Según el informe de la consultora Vectorial, los empleados públicos perdieron hasta un 19,4% de su poder adquisitivo, mientras que los privados registrados sufrieron una merma del 6,6%. Esta diferencia se explica por la política de contención salarial aplicada en el Estado, en contraste con la mayor flexibilidad del sector informal para ajustar ingresos.
Durante los primeros siete meses de 2025, la evolución salarial mostró un patrón errático: solo febrero, mayo y julio registraron aumentos reales, mientras que enero, marzo, abril y junio anotaron retrocesos frente a la inflación. El fenómeno fue definido como un “amesetamiento” por los analistas, que advierten sobre la falta de una tendencia clara de recuperación.
El nuevo IPC incorpora mayor ponderación en servicios públicos, menor en alimentos y suma el gasto en plataformas digitales. Esta reconfiguración amplifica las pérdidas salariales, especialmente en sectores con alta exposición al consumo básico y tarifas reguladas.
En contraste, los trabajadores no registrados alcanzaron un índice de 117,8 según el IPC tradicional y de 110,7 con el índice actualizado, lo que representa una mejora real de hasta el 17,8% respecto a noviembre de 2023. Esta recuperación, aunque menos representativa en términos estadísticos, marca una polarización creciente en el mercado laboral argentino.
El umbral salarial se ubicó en 80,6 puntos para el sector público y 93,4 para el privado, tomando como base 100 los valores de noviembre de 2023. Mientras los privados orbitan cerca de esa referencia, los públicos siguen lejos de una recuperación significativa.
La fotografía que deja el nuevo IPC es clara: una Argentina laboral dividida entre quienes pierden poder adquisitivo mes a mes y quienes logran sortear la crisis con ingresos informales. En este contexto, el desafío del Gobierno será revertir la tendencia sin profundizar la desigualdad.
Redacción Diario Inclusión
