En una exposición reciente ante el Rotary Club, Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), lanzó una advertencia contundente: Argentina pierde USD 25.000 millones por año debido al deterioro de su infraestructura. La cifra representa una erosión directa del capital productivo nacional, en un contexto de paralización de la obra pública y escasa inversión estatal.
Weiss detalló que el país posee un capital de infraestructura valuado en USD 634.000 millones, equivalente a 1,14 veces el Producto Interno Bruto. Sin embargo, la falta de mantenimiento y reposición de activos al final de su vida útil está provocando una depreciación acelerada, con consecuencias económicas y sociales de largo alcance.
Para revertir esta situación, CAMARCO estima que se necesitan USD 20.941 millones en 2025, destinados a obras urgentes y mantenimiento básico. No obstante, el presupuesto nacional contempla apenas USD 2.200 millones, lo que representa solo el 10% de lo requerido. Weiss calificó esta asignación como “muy pequeña” y alertó que ni siquiera se está ejecutando en su totalidad.
La red vial, los ferrocarriles y los sistemas de saneamiento figuran entre los sectores más afectados. Según Weiss, el 85% de la inversión en infraestructura debe provenir del Estado, ya que la mayoría de los proyectos no resultan rentables para el sector privado. La inversión privada, por su parte, no supera el 15% del total y enfrenta obstáculos como la falta de seguridad jurídica y acceso a financiamiento de largo plazo.
El presidente de CAMARCO remarcó que la infraestructura pública no es un gasto, sino una inversión estratégica. Su deterioro impacta directamente en la competitividad, la seguridad vial, el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de millones de argentinos. La parálisis actual, sostuvo, compromete el desarrollo futuro del país.
Además, Weiss subrayó que Argentina no cumple con las condiciones mínimas para atraer inversión privada en infraestructura, como tasas bajas, estabilidad normativa y garantías contractuales. Sin estos elementos, ningún proyecto logra cerrar financieramente, lo que agrava la dependencia del Estado en un momento de fuerte ajuste fiscal.
La advertencia de CAMARCO se suma a una creciente preocupación en el sector productivo, que ve cómo la desinversión en infraestructura se convierte en un freno estructural al crecimiento. En un país que necesita modernizar sus rutas, puertos, redes ferroviarias y sistemas de agua, el abandono de la obra pública representa una amenaza silenciosa pero persistente.
Redacción Diario Inclusión
