El proyecto contempla dos instrumentos: los fondos de cese laboral, similares al régimen de la construcción, y el FAL. Mientras los primeros parecen destinados a quedar sin aplicación práctica, el segundo se perfila como la herramienta central de la reforma. El FAL se financiará con un aporte equivalente a tres puntos de la masa salarial, que las empresas dejarán de girar a la ANSES y depositarán en una cuenta propia.
Ese dinero podrá invertirse en fondos comunes especiales y servirá para cubrir total o parcialmente las indemnizaciones por despidos. A cambio, las compañías que adopten el sistema accederán a una reducción de tres puntos en sus contribuciones patronales al SIPA, siempre que cumplan con los aportes obligatorios.
La administración del FAL estará bajo control de la CNV, ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano. El esquema prevé sanciones severas para empleadores que utilicen indebidamente los fondos o los canalicen hacia entidades en las que tengan participación. En otras palabras, el Estado terminará financiando parte de los despidos de empresas privadas con recursos previsionales.
El otro mecanismo, los fondos de cese laboral, permitiría que los aportes acumulados por un trabajador se utilicen no solo en caso de despido, sino también si renuncia o como complemento de su jubilación. Sin embargo, la redacción del artículo 51 de la reforma indica que este sistema solo podrá sustituir al régimen tradicional mediante acuerdo colectivo, lo que limita su viabilidad.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya cuenta con reglamentaciones aprobadas por la CNV y la Superintendencia de Seguros. No obstante, hasta ahora no hubo manifestaciones de apoyo ni de sindicatos ni de cámaras empresarias, lo que alimenta dudas sobre su implementación efectiva.
El debate promete ser intenso: mientras el Gobierno defiende la medida como un alivio para las empresas y un incentivo a la contratación, críticos advierten que se trata de un esquema que socializa el costo de los despidos y debilita la protección histórica de los trabajadores. El Congreso será el escenario donde se definirá si el FAL se convierte en una pieza clave de la nueva arquitectura laboral argentina.
✍️ Redacción Diario Inclusión
