Las principales compañías de medicina prepaga en Argentina confirmaron nuevos aumentos en sus planes de salud para octubre. Los incrementos, que oscilan entre el 1,1% y el 2,4%, se alinean con el índice de inflación informado por el INDEC para agosto, pero vuelven a golpear el presupuesto de miles de familias que ya enfrentan una presión económica creciente.
Entre las empresas que aplicarán subas se encuentran Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medicus, Omint y el Hospital Italiano, con variaciones según región, tipo de plan y edad del afiliado. En promedio, el ajuste ronda el 1,9%, aunque en zonas como la Patagonia puede superar el 2,3%, evidenciando una segmentación tarifaria que no siempre se traduce en mejoras prestacionales.
Este nuevo ajuste se da en un contexto de reformas regulatorias. La Superintendencia de Servicios de Salud derogó la Resolución 2400/2023 y aprobó un nuevo marco normativo que redefine los contratos entre prepagas, aseguradoras y usuarios. La medida busca garantizar mayor trazabilidad de los aportes y una facturación más clara.
Uno de los cambios más relevantes es la implementación obligatoria del modelo de “Cuota Transparente”, que deberá reflejar en cada factura mensual los aportes, contribuciones y subsidios provenientes de la seguridad social. Esta trazabilidad permitirá a los afiliados visualizar el destino de los recursos que les pertenecen y exigir una reducción efectiva en el monto a pagar.
Además, se establecen cláusulas mínimas contractuales que incluyen condiciones sobre preexistencias, períodos de carencia, prescripción de medicamentos, continuidad de cobertura en caso de fallecimiento del titular y procedimientos de reclamo. Las entidades tendrán 30 días para adecuar sus contratos y sistemas de facturación.
La medida apunta a corregir prácticas abusivas detectadas en auditorías oficiales, donde se constató que muchas prepagas no imputaban correctamente los aportes de los afiliados o carecían de respaldo documental. El nuevo esquema busca reforzar la equidad, la transparencia y la protección patrimonial de los beneficiarios.
En medio de un año marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, el sistema de salud privado vuelve a tensionar el vínculo entre calidad de servicio y accesibilidad. La regulación estatal intenta equilibrar la balanza, pero el desafío será garantizar que los cambios lleguen efectivamente al usuario.
Redacción Diario Inclusión
