Tras el resultado electoral, el Gobierno nacional avanza con nuevas medidas de ajuste que impactan directamente en el bolsillo de la ciudadanía. Esta vez, el foco está en el gas natural: el Ministerio de Economía confirmó un incremento del 3,80% en la tarifa, derivado de la suba del fondo fiduciario para zona fría, que pasó del 7% al 7,20% por cada metro cúbico de 9.300 kcal que ingrese al sistema de transporte.
La Resolución 1698/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, instruye al ENARGAS a adaptar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del recargo. El ajuste no solo afecta el gas destinado a la venta, sino también el autoconsumo de las empresas, que deberán calcular el recargo sobre el volumen utilizado y trasladarlo al precio final.
En paralelo, la Secretaría de Energía, encabezada por María Carmen Tettamanti, modificó el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), afectando contratos vinculados al Plan Gas.Ar, exportaciones, sustitución de importaciones y expansión de infraestructura hidrocarburífera. Las empresas deberán adecuar sus contratos en un plazo de cinco días hábiles.
Los nuevos precios base por distribuidora reflejan el impacto regional del ajuste. En Salta, por ejemplo, Naturgy NOA aplicará un valor de 2.893, mientras que en Tierra del Fuego la tarifa será de 2.784. En Capital Federal, Metrogas fijó el precio en 2.885, y en Córdoba, Gas del Centro lo estableció en 2.912. La variación por zona evidencia una política de traslado de costos sin contemplar el poder adquisitivo local.
Desde sectores críticos, se interpreta esta medida como una profundización del modelo de achique del Estado y del sector privado, donde el Gobierno aprovecha el respaldo electoral para avanzar con reformas estructurales que reducen subsidios y aumentan tarifas. El recorte se presenta como parte de una estrategia de “normalización”, pero con efectos directos sobre los hogares y las pymes.
El ajuste tarifario se suma a una serie de decisiones que buscan reducir el gasto público, pero que en la práctica trasladan la carga al usuario final. En un contexto de inflación persistente y caída del consumo, el nuevo aumento en el gas podría agravar el escenario económico para miles de familias y empresas que ya enfrentan dificultades para sostener sus costos operativos.
✍️ Redacción Diario Inclusión
