El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei incluye una medida que encendió las alarmas en el ámbito académico y científico: la eliminación de los pisos legales de inversión en educación (6% del PBI) y en ciencia y tecnología (1%). Esta decisión representa un retroceso histórico en el financiamiento de áreas clave para el desarrollo nacional.
Aunque el Gobierno asegura que el 85% del gasto se destinará a educación, salud y jubilaciones, especialistas advierten que se trata de una narrativa engañosa. El artículo 30 del proyecto propone derogar normas fundamentales como el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional y varios artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La investigadora del CONICET Romina De Luca señaló que el gasto educativo como porcentaje del PBI ya está orillando el 5%, y que las proyecciones inflacionarias del Gobierno no permitirán cumplir ni siquiera las metas anunciadas. “Es un anuncio que busca descomprimir la bronca más que ofrecer soluciones reales”, afirmó.
En paralelo, el economista Juan Ignacio Doberti calificó el Presupuesto como “muy negativo para los servicios sociales”, y denunció que los argumentos del Gobierno para vetar leyes educativas son “ridículos”. Según Doberti, el costo fiscal de sostener la educación pública es menor que el de beneficios otorgados a sectores concentrados como el agro o los grandes patrimonios.
La CTERA también se pronunció en contra del proyecto, denunciando que “profundiza el camino de desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología”. El gremio docente advirtió que la iniciativa representa una nueva vuelta de tuerca en la política de ajuste iniciada en 2023, que ya provocó la renuncia de miles de docentes y la pérdida de equipos de investigación.
Las cifras oficiales confirman el deterioro: en 2023 la inversión educativa alcanzaba el 1,44% del PBI, cayó al 0,86% en 2024 y se prevé que se reduzca al 0,75% en 2026. La supresión de los pisos legales consolida un horizonte de desfinanciamiento estructural, con consecuencias irreversibles para la formación técnica, la investigación y la equidad educativa.
El debate parlamentario será decisivo. Mientras tanto, universidades, gremios y centros científicos se preparan para resistir un Presupuesto que amenaza con desmantelar las bases del conocimiento y el desarrollo nacional.
Redacción Diario Inclusión
