El Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno de Javier Milei marca un punto de inflexión en el financiamiento educativo nacional. La partida destinada a “Educación y Cultura” caerá al 0,75% del PBI, el nivel más bajo en los últimos diez años, y se eliminará el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que fijaba un piso mínimo de inversión del 6%.
Según el informe de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal, el gasto educativo nacional pasó de representar el 1,59% del PBI en 2015 a apenas 0,82% en 2025. Para el próximo año, el Gobierno proyecta una leve recuperación en términos reales, pero en un contexto general de ajuste del gasto público.
La Secretaría de Educación, que concentra el 80% de los recursos del área, tendrá un aumento nominal del 17,9%, lo que equivale a un crecimiento real de apenas 3,6% según la inflación estimada. En términos relativos, su peso dentro de la función “Educación y Cultura” también se reduce, del 85% al 81,7%.
El proyecto contempla además una reducción progresiva en ciencia y tecnología, con un tope de 1% del PBI, y ajustes en el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. Aunque se anunció una ampliación de $4,8 billones para universidades, el Plan Nacional de Alfabetización también sufrirá modificaciones, con foco en la extensión de la jornada escolar.
Expertos advierten que el cambio implica un giro estratégico sin una política pedagógica clara. “Se necesitan reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que reinstale el compromiso del país con la educación y la ciencia”, señaló Curcio, quien destacó la urgencia de recuperar consensos políticos y sociales.
En el reparto del gasto total del Estado, la función “Educación y Cultura” representará apenas el 5,3%, muy por detrás de Seguridad Social (57%) y Deuda Pública (8,5%). En la última década, la educación perdió casi la mitad de su peso relativo dentro del presupuesto nacional.
La eliminación del piso legal del 6% del PBI marca un quiebre histórico: el financiamiento educativo queda sujeto a la discrecionalidad fiscal del Ejecutivo. El Gobierno lo presenta como una apuesta por la eficiencia estructural, pero el debate sobre su impacto en la calidad educativa está lejos de cerrarse.
✍️ Redacción Diario Inclusión
