La política de recorte estatal impulsada por el gobierno de Javier Milei continúa profundizándose. Según el último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación, en julio se destruyeron 1.164 empleos públicos, elevando el total de bajas a 53.345 desde el inicio de su gestión. El impacto alcanza tanto a la Administración Pública Nacional como a las empresas estatales.
Del total de puestos eliminados, 31.114 corresponden a la administración central, mientras que 16.886 provienen de empresas públicas. En términos porcentuales, esto representa una reducción del 15,1% en la nómina estatal y del 18,5% en las empresas del Estado. El ajuste no solo se traduce en despidos, sino también en retiros voluntarios y renuncias forzadas por deterioro salarial.
El informe oficial destaca que el poder adquisitivo de los salarios estatales cayó un 14,3% entre noviembre de 2023 y junio de 2025. Sin embargo, gremios advierten que en algunos niveles la pérdida real supera el 27%, lo que empuja a muchos trabajadores a abandonar sus cargos ante la imposibilidad de sostener sus ingresos.
La motosierra libertaria también se refleja en los contratos más precarios. Los empleados bajo la Ley Marco sufrieron una reducción del 22,1%, mientras que los contratados como monotributistas (LOYS) fueron recortados en un 52,4%. El Estado se achica, pero lo hace sobre los sectores más vulnerables de su estructura.
Desde el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger se celebró un “ahorro anual” de 1.053 millones de dólares en sueldos, cifra que se duplica si se consideran los costos de infraestructura laboral. El mensaje oficial insiste en que el ajuste responde a una promesa de eficiencia y austeridad, aunque sus consecuencias sociales son cada vez más visibles.
La estrategia, lejos de moderarse, se proyecta hacia una nueva fase: el gobierno anticipa que continuará eliminando áreas “no esenciales” y profundizando la reducción de personal. En paralelo, el desempleo se mantiene en 6,9%, cerca de los mínimos históricos, aunque con un mercado laboral cada vez más precarizado.
Mientras se recortan empleos y se celebran ahorros, crece la tensión entre el discurso de eficiencia y la realidad de miles de familias que pierden su sustento. La motosierra no distingue funciones ni trayectorias: el Estado se desangra en nombre del ajuste.
Redacción Diario Inclusión
