La irrupción de las apps de delivery transformó el mercado laboral argentino. Miles de personas se volcaron a trabajar en plataformas como Rappi y PedidosYa, ya sea como complemento de otra actividad o como ocupación principal. El atractivo de “manejar sus propios horarios” y la necesidad de ingresos adicionales impulsaron este fenómeno, aunque con un fuerte costo en términos de precarización.
Según el informe Nuevas Modalidades Laborales en la Economía Digital del BID, el 90% de los repartidores trabaja part-time, mientras que solo el 10% lo hace a tiempo completo. Los trabajadores eventuales, que realizan hasta 80 órdenes mensuales, representan el 67-68% del total, mientras que quienes completan hasta 40 pedidos crecieron del 47% al 54%.
La informalidad laboral alcanza niveles récord: 43,2% de los trabajadores carecen de derechos, lo que equivale a 5,5 millones de personas según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En este contexto, las apps exigen inscripción en monotributo, pero no siempre solicitan facturación para el pago, lo que profundiza la falta de regulación.
El secretario gremial de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), Gonzalo Ottaviano, recordó que antes de la llegada de Glovo y Rappi, PedidosYa empleaba a 2.500 trabajadores bajo convenio colectivo. Hoy, apenas quedan 50 con relación de dependencia y derechos laborales. “Argentina es uno de los países más atrasados de la región en cuanto a regulación del empleo en apps”, advirtió la investigadora del CONICET Mariana Fernández Massi.
Los reclamos de los repartidores incluyen previsibilidad, estabilidad y espacios de descanso. Ottaviano denunció que incluso fueron expulsados de locales de comida rápida por cargar sus celulares o usar los baños, lo que refleja la falta de infraestructura básica para quienes sostienen la cadena de consumo urbano.
El informe de la Fundación Encuentro reveló que, en septiembre, el pedido promedio fue de $2.553,6. Para sostener un hogar tipo, un repartidor debió completar 461 pedidos mensuales; para alcanzar el salario mínimo, 126; y para cubrir solo la alimentación, 67. Estos números muestran la autoexplotación que enfrentan los trabajadores para sobrevivir.
La expansión de las apps de delivery plantea un dilema: ofrecen ingresos inmediatos, pero sin derechos ni seguridad. La discusión sobre una regulación que garantice condiciones dignas se vuelve urgente en un país donde la precarización laboral avanza al ritmo de la crisis económica.
✍️ Redacción Diario Inclusión
