En julio de 2025, el déficit financiero oficial fue de $168.515 millones. Sin embargo, al sumar los intereses capitalizados —aquellos que no se pagan pero se acumulan como nueva deuda— el rojo fiscal ajustado trepa a $19,2 billones. Esta cifra surge de instrumentos como las Lecaps, que permiten renovar vencimientos sin reflejar el impacto en caja.
La maniobra, liderada por el ministro Luis Caputo, busca evitar mostrar el verdadero peso de la deuda en los balances. Pero el efecto es devastador: se incrementa el stock de deuda bruta y se traslada una carga explosiva al futuro. En junio, solo por capitalización de intereses, se sumaron $6,3 billones.
El canje de Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) realizado por el BCRA en julio agregó otros $8 billones a la cuenta. Aunque se espera que este efecto se modere en agosto, las tasas elevadas sugieren que la capitalización seguirá en niveles críticos. En total, entre enero y julio, el Gobierno generó intereses por $56 billones.
La comparación con el gasto previsional es alarmante. En julio, el desembolso para jubilaciones fue de $4,6 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir, los intereses capitalizados quintuplican el monto destinado a los adultos mayores, revelando una clara prioridad fiscal.
Mientras se ajustan las jubilaciones con aumentos mínimos, los instrumentos financieros reciben tasas que triplican la inflación proyectada. El resultado: una renta extraordinaria para los tenedores de deuda, y un ajuste silencioso para los sectores más vulnerables.
Este modelo de gestión, que privilegia la bicicleta financiera sobre el gasto social, pone en evidencia una lógica contable que oculta el verdadero costo del endeudamiento. La deuda invisible no solo existe: condiciona el presente y compromete el futuro.
La sostenibilidad fiscal está en jaque. Lo que no se paga hoy, se acumula para mañana. Y lo que se celebra como superávit, podría ser apenas una ilusión contable.
Redacción Diario Inclusión
