El empleo público nacional frenó su crecimiento e incluso tuvo una leve caída en 2016 luego de 8 años de incremento ininterrumpido, aunque sí lo hizo en las administraciones provinciales y municipales. La particularidad es que se incrementaron las designaciones de forma discrecional y los nombramientos «políticos».
Pese a que no aumentó la cantidad de trabajadores, lo que sí lo hizo en las dependencias nacionales fue la estructura, especialmente a nivel de la administración centralizada con su consecuente expansión de cargos políticos. Asimismo, se mantuvieron las estructuras de organismos descentralizados, hubo un leve ascenso en cantidad de empresas estatales y se incrementaron los fondos fiduciarios.
La conclusión surge de un informe realizado por CIPPEC y ASAP, titulado «GPS del Estado», dado a conocer ayer, en el que se afirma que «después de 8 años de crecimiento a una tasa promedio del 4% anual (aproximadamente 20 mil nuevos puestos por año), el empleo público nacional detuvo su crecimiento y se contrajo levemente (-0,4%). Sin embargo, en provincias y municipios el empleo público continúa la marcha ascendente registrada en los últimos años».
Cabe destacar que en nuestro país el 79% de los empleados públicos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. El 21% restante es nacional e incluye a los organismos descentralizados y las empresas estatales.
Pese a que no aumentó la cantidad de trabajadores, lo que sí lo hizo en las dependencias nacionales fue la estructura, especialmente a nivel de la administración centralizada con su consecuente expansión de cargos políticos. Asimismo, se mantuvieron las estructuras de organismos descentralizados, hubo un leve ascenso en cantidad de empresas estatales y se incrementaron los fondos fiduciarios.
La conclusión surge de un informe realizado por CIPPEC y ASAP, titulado «GPS del Estado», dado a conocer ayer, en el que se afirma que «después de 8 años de crecimiento a una tasa promedio del 4% anual (aproximadamente 20 mil nuevos puestos por año), el empleo público nacional detuvo su crecimiento y se contrajo levemente (-0,4%). Sin embargo, en provincias y municipios el empleo público continúa la marcha ascendente registrada en los últimos años».
Cabe destacar que en nuestro país el 79% de los empleados públicos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. El 21% restante es nacional e incluye a los organismos descentralizados y las empresas estatales.
Con el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri, el número de ministerios del gabinete nacional se elevó de 18 a 23. Como consecuencia también se elevó la cantidad de secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, que pasaron de 69 a 87, de 154 a 203, y de 298 a 402, respectivamente. Obviamente, esto implicó a su vez la designación de nuevos cargos ejecutivos, en especial en el caso de las direcciones nacionales, que crecieron en mayor proporción.
En las conclusiones del informe también se destaca que «en 2016 continuó la tendencia de nombrar miembros de la Alta Dirección Pública bajo el formato de ‘asignación transitoria de funciones superiores’, exceptuando a los designados de someterse a los procesos de concurso y por ende de los requisitos formales para acceder a estos cargos». Es decir, de manera discrecional. En el caso del actual Gobierno el porcentaje de este tipo de designaciones alcanza el 80%, mientras que en 2015, último año de presidencia de Cristina de Kirchner, fue de 76%.
De acuerdo a los datos de la encuesta anual de hogares urbanos (EAHU), entre 2010 y 2014, la cantidad de trabajadores estatales pasó de 3,3 a 3,9 millones. Es decir, el Estado en todos los niveles de gobierno incorporó 600.000 nuevos empleados públicos. Así para 2016, el empleo público representaba el 18,8% del total de trabajadores. O sea, casi 2 de cada 10 trabajadores en la Argentina se desempeñaban en alguna repartición estatal del orden nacional, provincial o municipal. La tendencia creciente se frenó a raíz de que la nueva administración de Cambiemos decidió poner en revisión los nombramientos de los últimos 3 años y estableció que las plantas de personal de cada área no podrán tener mayor cantidad de miembros de la que registraban al 31 de diciembre pasado.
• Organismos descentralizados y empresas públicas
«Los organismos descentralizados son ámbitos relevantes para la gestión del Estado tanto por su peso organizacional y presupuestario como por la diversidad de funciones públicas sustantivas que cumplen como la regulación de servicios públicos o actividades económicas y productivas o el desarrollo de actividades de I+D», remarca el trabajo de CIPPEC y ASAP.
El sector de las empresas públicas estatales nacionales cuenta actualmente con 56 empresas, 49 en funcionamiento y 7 en proceso de liquidación. Sólo 1 fue creada en 2016: Contenidos Públicos S.E, dedicada a la gestión y provisión de servicios de radiodifusión.
En cuanto al volumen de empleo público en este sector, el relevamiento marca que «la incorporación de nuevas empresas en el período 2003-2015 representó un incremento de 3,5 veces la dotación de los recursos humanos, pasando de 27.000 a 120.885 trabajadores. Así, la cantidad promedio de trabajadores por empresa pública alcanzó los 3.778 trabajadores, los cuales representaban en total el 1% del total del empleo de la economía en 201510. Para 2016, se observó un incremento leve (inferior al 1%) en el nivel de empleo en las empresas públicas, que pasaron a tener 121.790 trabajadores».
• Género
Otro punto de análisis es la integración por género de la planta estatal. En 2016 se produjo un descenso en la designación de mujeres en cargos ministeriales y de alta dirección pública y un leve ascenso en su designación a cargo de secretarías y subsecretarías, conservando «una tendencia de segregación horizontal que refuerza su presencia en áreas feminizadas del Poder Ejecutivo»
«Estos datos confirman que el nivel de representación femenina en puestos de decisión del PEN es bajo. Si bien las mujeres representan actualmente alrededor del 50% de la fuerza de trabajo empleada por la administración central del PEN (aunque el dato no contempla a las fuerzas de seguridad y defensa), esta composición casi paritaria en la base piramidal no se refleja en las altas esferas o puestos de decisión tanto políticos como técnicos. La presencia femenina disminuye a medida que se asciende en la pirámide de poder de la administración pública nacional», señala el estudio.
