La disputa entre la empresa chilena Cencosud y el Gobierno argentino por un predio de 20 hectáreas ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro continúa escalando y ahora la compañía amenaza con recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI).
La empresa, que en la Argentina es reconocida por la cadena de supermercados Jumbo, anunció hace más de un año y medio atrás un megaproyecto que demandaría una inversión de u$s600 millones para construir un centro comercial, tres torres de catorce pisos y seis áreas destinadas a viviendas en el predio de San Isidro.
El punto de conflicto fue que la empresa chilena compró el terreno bonaerense que perteneció a Obras Sanitarias de la Nación mediante una licitación en 1996 y por el que pagó u$s22 millones. En aquel momento se comprometió a desarrollar un proyecto urbanístico teniendo en cuenta espacios verdes para los vecinos. Lo cierto es que pasó el tiempo y no se concretaron las obras prometidas, por lo que en 1996 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) inició un litigio para que el terreno sea devuelto al Estado.
Con la demanda en marcha, desde el grupo chileno se anunció a mediados de 1997 la puesta en marcha del megaproyecto de construcción, que también se encontró con el rechazo de los vecinos de San Isidro que reclaman que el predio sea destinado íntegramente como espacio verde.
«Creemos relevante recordar que los accionistas de Cencosud se encuentran amparados por las previsiones del tratado aprobado por la Ley 24.342, por lo que la privación arbitraria de sus derechos habilitará la jurisdicción arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)», detalló la defensa de Cencosud ante la Justicia argentina.
Según consigna la prensa chilena la empresa detalló que desde 1999 se ha visto constantemente «privada por parte de la administración -provincial y municipal-, de avanzar con el proyecto pactado».
Además, la defensa de la firma recordó que incluso en 2008 se celebró un acuerdo conciliatorio entre las partes, con el que habrían puesto fin a sus diferencias.
«Luego de haber vendido y cobrado el precio de un inmueble hace más de dos décadas, pretende recuperarlo, sin expropiarlo, comprarlo, ni pagar un centavo por el mismo. Ese proceder puede ser calificado de muchas maneras, pero de ningún modo puede decirse que sea la conducta ética que se espera -y que es exigible- de la administración», detalla el escrito presentado por la empresa chilena.
Además Censud señaló que de concretarse la solicitud de la AABE sería un «escándalo jurídico que implicaría un cambio de conducta» por parte del Estado argentino.
La cuestión iría mucho más allá porque en caso de obtener un fallo desfavorable la empresa recurrirá a la Corte Suprema de Justicia vía de un recurso extraordinario federal, ya que se insistió- se afectaría derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado de Argentina solicitó a la justicia que pida al CIADI abstenerse de abrir un proceso en caso que sea solicitado por la empresa o alguno de sus accionistas.
