El gobierno provincial estima un gasto de $ 1,5 millones mensuales para sostener los ingresos de operarios de las dos plantas que la cooperativa cerró en Brinkmann y Moldes.
Cerca de 200 trabajadores afectados por el cese de actividades en las plantas de SanCor, en la provincia de Córdoba, serán beneficiados durante 12 meses por un subsidio. El mismo será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, actualmente estimado en $ 8060, por lo que el costo fiscal se estima en cerca de $ 1,5 millón mensuales, o $ 18 millones anuales.
Así lo informó el gobierno de aquella provincia, cuya gestión encabeza el justicialista Juan Schiaretti. Lo hizo a través del ministro de Industria, Comercio y Minería Roberto Avalle, quien destacó que la ayuda económica beneficiará a los trabajadores que sufran despidos o suspensiones, a raíz de la coyuntura que atraviesa la cooperativa láctea.
Para los despedidos, lo cobrarán aún en el caso de que consigan un nuevo empleo; los suspendidos, lo percibirán en los períodos en que estén en esa situación. «El Estado provincial se hace presente en una situación de emergencia, en localidades muy pequeñas, en donde las posibilidades de acceder a nuevos puestos de trabajo pueden ser más difíciles. Mientras tanto iremos explorando otras posibilidades en relación a la mano de obra desempleada», destacó Avalle.
El beneficio aplica específicamente para la situación que se vive en las plantas de Brinkmann, al noreste provincial, y Coronel Moldes, en el departamento de Río Cuarto. En la primera planta hay más de 180 personas afectadas, mientras que en Moldes, unos 55 trabajadores.
A principios de esta semana, la propia SanCor reconoció a través de un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que suspendió la actividad de su planta de Moldes, en la provincia de Córdoba, el 6 de marzo, así como también en Centeno, Santa Fe y Charlone, en Buenos Aires. En ese escrito, no hizo mención a la situación en la planta de Brinkmann, aunque sí afirmó que «no se ha cesanteado a ningún trabajador sino que se otorgaron licencias, en virtud de las referidas suspensiones de actividad en las citadas plantas».
La decisión del gobierno provincial se da en un marco de incertidumbre en torno a la cooperativa, en crisis por las deudas financieras que atraviesa desde hace varios años (por ejemplo, en el último ejercicio cerró con un déficit de $ 2421 millones, contraído principalmente por la caída de las exportaciones hacia Venezuela). En las últimas semanas de negociaciones, se difundió que la empresa habría consensuado con el Gobierno nacional un plan de reestructuración que contempla el despido de más de 1000 trabajadores, aunque no fue confirmado oficialmente. También, se supo que la compañía estaría buscando algún crédito o financiamiento con algún organismo internacional para reestructurar la deuda, y la posibilidad de desprenderse de activos.
«Lamentablemente sacrificios seguro va a haber que hacer, es inevitable; pero el norte fundamental es el mantenimiento y la vigencia plena de la cooperativa, por la importancia regional que tiene tanto para Córdoba como para Santa Fe», describió el funcionario, quien agregó que corresponde al gobierno nacional gestionar un auxilio financiero para «salvar» a la empresa: «La envergadura de lo que necesita excede largamente la posibilidad de lo que puede aportar el Estado cordobés desde el punto de vista financiero. No son los gobiernos provinciales sino el nacional, el que tiene la capacidad financiera suficiente para asistirlos», sostuvo.
Por el momento, el aporte no contempla lo que pueda llegar a suceder con los empleados en otras plantas que funcionan en la provincia.
