Si bien no hay un criterio unificado, en la Defensoría del Consumidor señalan que el aspecto crucial es fijarse si el proveedor ofrece alguna alternativa para no discontinuar definitivamente el servicio
Mientras los argentinos cumplen con el período de aislamiento total obligatorio dispuesto por el Gobierno desde el 20 hasta el 31 de marzo, las preguntas que surgen son muchas. Bajo estas condiciones anómalas, no queda claro si corresponde pagar o reclamar la devolución de cuotas por servicios no utilizados como gimnasio, estacionamiento en el centro y colegio, entre otros. Si bien no hay una sola respuesta, sí es posible valerse de algunos parámetros para analizar caso por caso.
Para Gerardo Gullelmotti, director de Consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el primer punto a observar es si el proveedor ofrece alguna alternativa para seguir brindando el servicio. Por ejemplo, si ante el cierre de las aulas propone un esquema a distancia para continuar con la actividad.
Sin embargo, señala que también deben considerarse los compromisos asumidos previamente y el hecho de que la disposición oficial afecta tanto al consumidor como al proveedor. «No hay un criterio ya establecido porque incluso cuando fue lo de la gripe A no se llegó a este extremo», apunta el defensor.
«El parámetro que se puede tomar es que toda la interpretación siempre es a favor del consumidor, pero también hay que considerar que es una situación excepcional donde lo que prima es la fuerza mayor», dice Gullelmotti, para quien lo más adecuado sería avanzar hacia un esquema de «esfuerzo compartido».
En el caso puntual de las cuotas de escuelas y otras instituciones educativas privadas, en la Defensoría señalan que, más allá de algunos servicios particulares como el de comedores o viandas, deben pagarse normalmente porque los docentes continúan trabajando: dan clases virtuales y siguen ejecutando los contenidos programados. Además, siguen en marcha las tareas administrativas de esas instituciones.
Si se mira qué ocurre con los gimnasios, puede aplicarse un criterio parecido. Si bien el cierre de estos establecimientos es una decisión ajena a ellos, el defensor considera que, en el caso de que ya se haya pagado, se podría reclamar un reembolso en caso de que no se ponga a disposición ningún tipo de alternativa de entrenamiento. Sin embargo, tanto las grandes cadenas como los gimnasios de barrio están ofreciendo clases virtuales, lo que permite que los clientes no discontinúen el servicio.
El caso de los alquileres de espacios de trabajo presenta algunas particularidades. En los espacios de coworking que se abonan por día, por ejemplo, las propias condiciones del contrato habilitan a dejar de pagar si no se lo utiliza. Distinto es el caso de los alquileres mensuales de comercios.
El que alquila un comercio no es consumidor para la ley, porque alquila con fines de lucro y tiene un compromiso de pago mensual más allá de sus circunstancias personales. «Un abogado que alquila el espacio en el que funciona su estudio lo paga también en enero, cuando hay feria judicial», ejemplifica Gullelmotti. El alquiler, entonces, debe ser pagado igual a menos que por decisión propia -como ha ocurrido en algunos casos viralizados en las redes sociales- el dueño del lugar releve voluntariamente a su inquilino.
El alquiler de estacionamiento en el centro, por otra parte, también debería ser pagado normalmente siempre que permanezca abierto y disponible, más allá de cuánto sea utilizado.
Sin embargo para Gullelmotti, las definiciones llegarán con el final del aislamiento. «Ahí van a empezar los reclamos y vamos a ver la verdadera postura de las empresas, que en muchos casos ya advirtieron que van a tener pérdidas millonarias», señala.
