El Gobierno buscará renegociar metas con el Fondo.

La gran esperanza del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), frente al panorama negativo generado por la inflación ya acumulada para este año, es que la discusión sobre el porcentaje final quede para la última parte del año. Y que la misión que fiscalizaría las cuentas públicas entre julio y septiembre, sea la que finalmente resuelva con los funcionarios locales cuál será el porcentaje final del 2022. Y que, según el criterio que el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, deslizó en las últimas horas ante empresarios, rondaría el 60% interanual. Y no como lo indican las perspectivas de los privados reflejadas en el REM que publicó la semana pasada el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que hablan de hasta un 80% interanual.

La buena noticia en Buenos Aires, es que hasta ahora los negociadores del Fondo no consideran válidas estas últimas proyecciones, dado que esas proyecciones no figuran en ninguna de las reuniones vía Zoom que se sostienen en estos días entre funcionarios argentinos y técnicos del organismo. En medio de los por ahora muy prudentes encuentros virtuales correspondientes a la primera misión por el Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo, las proyecciones no toman datos finales de inflación; lo que de por sí es interpretado como un guiño desde Washington. Esto más allá de que la meta de un 48% máximo a la que se había comprometido el Palacio de Hacienda, tampoco sea considerada como un dato de análisis.

Se confía en Buenos Aires que el haber abandonado, a fuerza de la realidad, ese objetivo, no implicará la caída del acuerdo, sino que desde Washington se aceptará el incumplimiento de uno de los objetivos, y que se podrá renegociar la variable a un porcentaje más cercano a la verdad. Siempre y cuando los dos principales compromisos no se alteren. El déficit fiscal de 2,5% de tope y las reservas aumentando u$s5.800 millones este ejercicio (con una actualización real del tipo de cambio y una reducción de la brecha entre los dólares legales e ilegales), innegociables por ahora para el FMI. Suponen en el Ejecutivo que para aquella primera misión con estas dos metas será relativamente fácil de demostrar que se está en el buen camino, con lo que hay optimismo ya en que, para el segundo semestre y pese al alza de los precios, el acuerdo tendrá un guiño desde Washington y podría seguir con vida.Lo fundamental en este caso es que se observe desde el Fondo la situación correspondiente al primer cuatrimestre del año como algo excepcional y vinculado tanto a factores internos como exógenos sobre los que no se puede actuar, como las consecuencias internacionales de la invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos sobre los precios de los commodities. Y que además, dentro de las cuestiones internas, hay una corresponsabilidad con el FMI, al haberse negociado un régimen de reducción de subsidios que se aplicarán desde junio y que inevitablemente determinarán un aumento en la presión inflacionaria en el resto del año.La aceleración a mayo de la primera misión del FMI para fiscalizar números argentinos complicó el panorama original con que especulaba Guzmán. La idea original era que la primera misión del Fondo llegara entre junio y julio; meses en los que, supuestamente, el alza de los precios estuviera más dominada. O al menos lejos de los problemáticos porcentajes del primer cuatrimestre del 2022. La primer fiscalización desde Washington se adelantó ante la desconfianza de los integrantes del board, que en el momento de la aprobación del Facilidades Extendidas, le exigieron al director gerente para el Hemisferio Occidental, Illian Goldfjan, que adelantara los controles, ante la desconfianza sobre las verdades posibilidades del país de cumplir con lo pactado. Una de las dudas era, precisamente, la promesa de una inflación que no supere en 2022 el 48%; un porcentaje que desde el primer momento, a los ojos de la sede de Washington, era una utopía

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