El Gobierno difundió la «Carta de Intención» que envió al FMI para lograr el respaldo de ese organismo al modelo económico, «en medio de un panorama internacional desafiante».
El texto detalle el plan que llevará a cabo, que implica recortes en subsidios, postergación de la obra pública, revisión de impuestos, jubilaciones, cambios en el sistema de empleo, y modificaciones en las metas de inflación y déficit, además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La «Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI», consta de 33 carillas, y fue enviada a la directora del Fondo, Christine Lagarde.
La nota -firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reclama al FMI el «apoyo al plan económico» del Gobierno.
«El plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual», subrayó el Poder Ejecutivo.
El Gobierno de Mauricio Macri acordó un crédito de u$s 50.000 millones en modalidad stand by, de los cuales el primer tramo, de u$s 15.000 millones, llegará en los próximos días. El ministerio de Finanzas anunció ayer que la mitad de ese monto se destinará a satisfacer la demanda de dólares en el mercado local.
«Uno de los ejes centrales de nuestro plan económico es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el déficit primario del gobierno nacional desde 2016. Reafirmamos nuestro compromiso con alcanzar el equilibrio fiscal y llevaremos a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020», señala el texto. Asimismo, se estipula que la inflación llegará a un dígito en 2021. Esto es un cambio respecto a lo anunciado el pasado 28 de diciembre cuando se modificaron las metas económicas y se anunció que la inflación sería de 5% para 2020.
El Ejecutivo se comprometió a reducir el gasto público «hasta llevarlo a niveles adecuados y sostenibles, lo que resulta fundamental para alcanzar tanto el equilibrio fiscal como macroeconómico». Y posteriormente agrega: «Consideramos que el esquema fiscal de mediano plazo elegido garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8% del PBI hacia fines de 2021. Estamos comprometidos también a llevar adelante un manejo proactivo de la deuda para alargar la madurez de los títulos, optimizar el costo de nuestros pasivos y aumentar el porcentaje de la deuda pública nacional denominada en pesos».
«Nos proponemos una más rápida convergencia al equilibrio fiscal cumpliendo la nueva meta fiscal para 2018 que ya hemos anunciado (déficit primario de 2,7 por ciento del PBI) y haciendo importantes esfuerzos adicionales en el presupuesto de 2019. Específicamente, en octubre de 2018 vamos a enviar la Ley de Presupuesto al Congreso que apunta a un déficit primario del gobierno nacional de 1,3 por ciento del PBI en 2019, siendo esta una de las metas estructurales de nuestro programa», sigue el paper. Y añade: «Considerando la incertidumbre que enfrentamos actualmente, nuestras proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluiremos, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos. Si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019. Por otro lado, si los resultados económicos y fiscales evolucionan de manera más positiva que lo anticipado, estaremos preparados para llevar adelante una eliminación más acelerada de los impuestos distorsivos, de manera de sostener el crecimiento y la inversión (en línea con el sendero establecido en la reforma tributaria adoptada a fines de 2017). Este ritmo de convergencia hacia un presupuesto balanceado del gobierno nacional irá acompañado por el esfuerzo de las provincias, cuyo balance primario consolidado se espera que pase de – 0,4 por ciento en 2017 a un superávit de 1/4 por ciento del PBI hacia el final del período del acuerdo Stand-By».
El plan económico incluye: reducción de los subsidios a la energía y el transporte, «racionalizar el empleo público, que se irá reduciendo» (a través de congelar nuevas contrataciones y no renovar actuales), reducir el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno, postergación de obra pública que no sea «esencial para dinamizar la competitividad de nuestro país», y reducir las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas.
También reconoce la posibilidad de modificaciones en el régimen jubilatorio, así como también el sistema laboral. Y se compromete a «reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017». Además, se compromete a «mejorar la estructura fiscal federal» y reducir «transferencias discrecionales» a las provincias.
Otras de las cuestiones que se abordan en el plan presentado por el Gobierno es modificar la Carta Orgánica del BCRA para que no asista más al Tesoro, establece un mecanismo de subasta de dólares que comenzará en septiembre para que los bancos accedan a dólares, insinúa que la ANSES venderá las acciones de empresas que tiene en su poder, e informa que el Presupuesto 2019 será enviado en octubre.
