En un ranking de 30 países, el sistema jubilatorio argentino se encuentra en la última posición considerando aspectos como la cobertura y sustentabilidad. Así lo señala un estudio elaborado por Roberto Salomón de la consultora Econométrica.
El tema previsional es clave para las finanzas nacionales: cerca del 70% del Presupuesto Nacional corresponde a partidas sociales y de éstas, los gastos en jubilaciones y pensiones se llevan la mayor parte.
Más aún, en la última carta de intención elevada por el país al Fondo Monetario Internacional se señala al sistema jubilatorio entre los temas a reformar en el futuro. No obstante, recientemente el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica señaló que «no está en los planes del Gobierno tratar una reforma previsional el año que viene». Esta afirmación no resultó sorprendente para los analistas, ya que difícilmente se pueda encarar la discusión de este tema sensible en vísperas de las elecciones nacionales.
En el índice global de pensiones, el régimen argentino tiene un puntaje de 38,8 y, como se señaló, ocupa el último lugar entre los 30 países incluidos en el estudio, por debajo de India, México, Corea, Brasil, Perú y Colombia. El primer lugar corresponde a Dinamarca seguida por Holanda.
Para elaborar este indicador se toman en cuenta tres criterios que se refieren a la cobertura, la sustentabilidad y la integridad.
En lo concerniente a la cobertura, el índice considera los beneficios que cada sistema proporciona a los pobres así como la distribución del ingreso. También incluye el nivel de ahorro familiar y el de propiedad de la vivienda, señalando que ambos factores constituyen una fuente importante de seguridad financiera además del sistema de jubilaciones.
Una importante consideración de este criterio es el porcentaje de la jubilación mínima en relación con el salario promedio, así como el mecanismo de ajuste a través del tiempo. En este sentido, el puntaje de Argentina es el quinto más bajo, superando solo a Singapur, México, India, y Malasia.
La sustentabilidad se evalúa con factores como la importancia económica y nivel de financiamiento del sistema privado, la longitud actual como futura del periodo de retiro, la proporción de personas de edad avanzada en la fuerza de trabajo, el nivel de deuda pública y la tasa de crecimiento económico. En esta materia, Argentina está entre los tres peores calificados, superando únicamente a Italia y Austria.
Por último, en lo relativo a la integridad, se pone el énfasis en los planes privados, afirmando que la existencia de planes exitosos y bien manejados del sector privado, es un componente esencial de un sistema bien administrado que goza de la confianza de la comunidad en el tiempo. En opinión de los autores, el monopolio estatal no produce resultados deseables o sostenibles a largo plazo. La Argentina ocupa el penúltimo lugarsuperando sólo a México.
El estudio sugiere un conjunto de reformas para mejorar el resultado a largo plazo de los sistemas. Estas reformas incluyen:
• Incrementar la edad de retiro en los sistemas estatales para reflejar el aumento en las expectativas de supervivencia;
• Promover mayor participación de personas de mayor edad en la fuerza de trabajo;
• Alentar o requerir mayores niveles de ahorro privado, tanto dentro como fuera del sistema jubilatorio;
• Revisar el mecanismo y frecuencia de indexación del sistema público para asegurar el mantenimiento del valor real de las prestaciones, en equilibro con la sustentabilidad.
Críticas
El estudio de Econométrica critica la propuesta de extender la edad de retiro ya que «significaría una forzada transferencia inter-generacional, privando a los actuales trabajadores activos de beneficios ganados con holgura, a favor de la actual clase pasiva».
El economista, Roberto Salomón pone como ejemplo que si una persona se retira a los 69 años, esto significa que «aporta desde los 20, es decir 49 años, dispone de 16 para disfrutar de los beneficios si vive hasta los 85, o 21 si llega a los 90. Y ese disfrute ocurre cuando su salud y energía están en disminución».
Según el analista, «un trabajador genera en 45 años de vida activa (20 a 65) fondos suficientes que si fueran invertidos al 1% de rendimiento real anual alcanzarían para pagar un beneficio igual al 82% de su salario en actividad hasta alcanzar los 85 años de edad». Y agrega que «aun extendiendo su supervivencia hasta los 90, habría los fondos alcanzarían para solventar un beneficio igual al 67% de salario».
«A esos resultados financieros hay que agregar el serio problema de empleo que enfrentaría una persona al necesitar trabajar en el ocaso de su vida, agudizado por la cambiante tecnología de la época», sostiene Salomón.
Privatización
El estudio también critica al sistema de privatización. Al respecto, señala que «el sistema privado es probadamente discriminatorio contra los sectores de menores ingresos«. Aclara que esto se debe «en primer lugar, al costo fijo de administrar una cuenta individual de inversiones, que reduce sustancialmente el importe a invertir, como quedó demostrado en Chile al implementar el sistema privado».
También considera que «las administradoras dedican sus esfuerzos de «marketing» a los segmentos con mayor poder adquisitivo, con lo que el grupo de bajos ingresos debe utilizar los servicios de administradoras de menor nivel y más baja calificación».
Y concluye que «tanto o más importante es que el sistema privado destruye el concepto de Seguridad Social que debiera caracterizar a un sistema previsional, reemplazándolo por un proceso de ahorro que además deja al trabajador sujeto a los avatares del mercado, perdiendo los beneficios de la mancomunación (pooling) de riesgos que suaviza los efectos de la volatilidad de los mercados en las cuentas individuales».
No obstante, Salomón afirma que «un sistema privado puede ser beneficioso en coexistencia y como complemento del sistema púbico, permitiendo a los individuos con mayores ingresos que, sin disminuir sus aportes al sistema oficial, destinen parte de sus haberes a la formación de fondos privados, con diferimiento impositivo, tal como ocurre con los exitosos K en los Estado Unidos».
En nuestro país, según Salomón, «esto podría autorizarse a cambio de algún sacrificio financiero en beneficio del sistema oficial, como una contribución adicional al mismo de, por ejemplo $0,25 por cada peso aportado a su cuenta privada, o una disminución de sus beneficios del sistema estatal».
Dentro de las medidas que contribuirían de modo importante a mejorar las perspectivas del sistema señala «la regularización de aproximadamente un tercio de los trabajadores que operan al margen del mismo, reduciendo el potencial caudal de recursos y creando un enorme problema social cuando esos trabajadores alcancen la edad de retiro».
Déficit
El estudio de Econométrica considera que en el caso particular de Argentina «la situación se agravó significativamente durante los últimos años por medidas que condujeron a un fuerte incremento del gasto público del Gobierno Nacional, que pasó del 15% al 26% del PBI, con un sistema previsional cuyo déficit se elevó de 1,5% a 4,7% del PBI, en un contexto de altos índices de pobreza.»
El trabajo concluye señalando que «la masiva incorporación de millones de nuevos beneficiarios, hecha en forma irresponsable, sin arbitrar los medios para financiarla ni límites sobre el ingreso o patrimonio de esas personas ha ahondado aún más una situación que ya era crítica y que lleva, como es habitual, a desenterrar los tradicionales «remedios» comentados más arriba, que no sólo son inadecuados sino que sin duda generarían una fuerte reacción social de quienes ya están sufriendo las consecuencias de la corrección de los fuertes desequilibrios de la economía».
En un ranking de 30 países, el sistema jubilatorio argentino se encuentra en la última posición considerando aspectos como la cobertura y sustentabilidad. Así lo señala un estudio elaborado por Roberto Salomón de la consultora Econométrica.
El tema previsional es clave para las finanzas nacionales: cerca del 70% del Presupuesto Nacional corresponde a partidas sociales y de éstas, los gastos en jubilaciones y pensiones se llevan la mayor parte.
Más aún, en la última carta de intención elevada por el país al Fondo Monetario Internacional se señala al sistema jubilatorio entre los temas a reformar en el futuro. No obstante, recientemente el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica señaló que «no está en los planes del Gobierno tratar una reforma previsional el año que viene». Esta afirmación no resultó sorprendente para los analistas, ya que difícilmente se pueda encarar la discusión de este tema sensible en vísperas de las elecciones nacionales.
En el índice global de pensiones, el régimen argentino tiene un puntaje de 38,8 y, como se señaló, ocupa el último lugar entre los 30 países incluidos en el estudio, por debajo de India, México, Corea, Brasil, Perú y Colombia. El primer lugar corresponde a Dinamarca seguida por Holanda.
Para elaborar este indicador se toman en cuenta tres criterios que se refieren a la cobertura, la sustentabilidad y la integridad.
En lo concerniente a la cobertura, el índice considera los beneficios que cada sistema proporciona a los pobres así como la distribución del ingreso. También incluye el nivel de ahorro familiar y el de propiedad de la vivienda, señalando que ambos factores constituyen una fuente importante de seguridad financiera además del sistema de jubilaciones.
Una importante consideración de este criterio es el porcentaje de la jubilación mínima en relación con el salario promedio, así como el mecanismo de ajuste a través del tiempo. En este sentido, el puntaje de Argentina es el quinto más bajo, superando solo a Singapur, México, India, y Malasia.
La sustentabilidad se evalúa con factores como la importancia económica y nivel de financiamiento del sistema privado, la longitud actual como futura del periodo de retiro, la proporción de personas de edad avanzada en la fuerza de trabajo, el nivel de deuda pública y la tasa de crecimiento económico. En esta materia, Argentina está entre los tres peores calificados, superando únicamente a Italia y Austria.
Por último, en lo relativo a la integridad, se pone el énfasis en los planes privados, afirmando que la existencia de planes exitosos y bien manejados del sector privado, es un componente esencial de un sistema bien administrado que goza de la confianza de la comunidad en el tiempo. En opinión de los autores, el monopolio estatal no produce resultados deseables o sostenibles a largo plazo. La Argentina ocupa el penúltimo lugarsuperando sólo a México.
El estudio sugiere un conjunto de reformas para mejorar el resultado a largo plazo de los sistemas. Estas reformas incluyen:
• Incrementar la edad de retiro en los sistemas estatales para reflejar el aumento en las expectativas de supervivencia;
• Promover mayor participación de personas de mayor edad en la fuerza de trabajo;
• Alentar o requerir mayores niveles de ahorro privado, tanto dentro como fuera del sistema jubilatorio;
• Revisar el mecanismo y frecuencia de indexación del sistema público para asegurar el mantenimiento del valor real de las prestaciones, en equilibro con la sustentabilidad.
Críticas
El estudio de Econométrica critica la propuesta de extender la edad de retiro ya que «significaría una forzada transferencia inter-generacional, privando a los actuales trabajadores activos de beneficios ganados con holgura, a favor de la actual clase pasiva».
El economista, Roberto Salomón pone como ejemplo que si una persona se retira a los 69 años, esto significa que «aporta desde los 20, es decir 49 años, dispone de 16 para disfrutar de los beneficios si vive hasta los 85, o 21 si llega a los 90. Y ese disfrute ocurre cuando su salud y energía están en disminución».
Según el analista, «un trabajador genera en 45 años de vida activa (20 a 65) fondos suficientes que si fueran invertidos al 1% de rendimiento real anual alcanzarían para pagar un beneficio igual al 82% de su salario en actividad hasta alcanzar los 85 años de edad». Y agrega que «aun extendiendo su supervivencia hasta los 90, habría los fondos alcanzarían para solventar un beneficio igual al 67% de salario».
«A esos resultados financieros hay que agregar el serio problema de empleo que enfrentaría una persona al necesitar trabajar en el ocaso de su vida, agudizado por la cambiante tecnología de la época», sostiene Salomón.
Privatización
El estudio también critica al sistema de privatización. Al respecto, señala que «el sistema privado es probadamente discriminatorio contra los sectores de menores ingresos«. Aclara que esto se debe «en primer lugar, al costo fijo de administrar una cuenta individual de inversiones, que reduce sustancialmente el importe a invertir, como quedó demostrado en Chile al implementar el sistema privado».
También considera que «las administradoras dedican sus esfuerzos de «marketing» a los segmentos con mayor poder adquisitivo, con lo que el grupo de bajos ingresos debe utilizar los servicios de administradoras de menor nivel y más baja calificación».
Y concluye que «tanto o más importante es que el sistema privado destruye el concepto de Seguridad Social que debiera caracterizar a un sistema previsional, reemplazándolo por un proceso de ahorro que además deja al trabajador sujeto a los avatares del mercado, perdiendo los beneficios de la mancomunación (pooling) de riesgos que suaviza los efectos de la volatilidad de los mercados en las cuentas individuales».
No obstante, Salomón afirma que «un sistema privado puede ser beneficioso en coexistencia y como complemento del sistema púbico, permitiendo a los individuos con mayores ingresos que, sin disminuir sus aportes al sistema oficial, destinen parte de sus haberes a la formación de fondos privados, con diferimiento impositivo, tal como ocurre con los exitosos K en los Estado Unidos».
En nuestro país, según Salomón, «esto podría autorizarse a cambio de algún sacrificio financiero en beneficio del sistema oficial, como una contribución adicional al mismo de, por ejemplo $0,25 por cada peso aportado a su cuenta privada, o una disminución de sus beneficios del sistema estatal».
Dentro de las medidas que contribuirían de modo importante a mejorar las perspectivas del sistema señala «la regularización de aproximadamente un tercio de los trabajadores que operan al margen del mismo, reduciendo el potencial caudal de recursos y creando un enorme problema social cuando esos trabajadores alcancen la edad de retiro».
Déficit
El estudio de Econométrica considera que en el caso particular de Argentina «la situación se agravó significativamente durante los últimos años por medidas que condujeron a un fuerte incremento del gasto público del Gobierno Nacional, que pasó del 15% al 26% del PBI, con un sistema previsional cuyo déficit se elevó de 1,5% a 4,7% del PBI, en un contexto de altos índices de pobreza.»
El trabajo concluye señalando que «la masiva incorporación de millones de nuevos beneficiarios, hecha en forma irresponsable, sin arbitrar los medios para financiarla ni límites sobre el ingreso o patrimonio de esas personas ha ahondado aún más una situación que ya era crítica y que lleva, como es habitual, a desenterrar los tradicionales «remedios» comentados más arriba, que no sólo son inadecuados sino que sin duda generarían una fuerte reacción social de quienes ya están sufriendo las consecuencias de la corrección de los fuertes desequilibrios de la economía».
