Comienza una semana clave para el Gobierno, luego de quitar de la denominada ley ómnibus el paquete fiscal con la intención de conseguir los votos en el Congreso para su aprobación. En total, el proyecto original de ajuste que envió el presidente Javier Milei recibió unas 100 modificaciones. El mercado ahora mira la reacción que tendrá la jugada sobre el dólar, las acciones y los bonos.
El viernes pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno cedió en medio de las negociaciones de la ley ómnibus y, en la previa del debate en la Cámara de Diputados, eliminó el capítulo fiscal de la normativa que apunta a reformar las bases estructurales del país.
“Hemos decidido retirar el capitulo fiscal de la Ley de Bases para facilitar y acelerar la aprobación” de los restantes artículos de la ley, señaló el titular del Palacio de Hacienda.
El tramo que queda en pie del proyecto de ley, en base a las palabras de Caputo, es la «parte estructural, que es lo que va a generar el crecimiento”, entre las que se encuentran las iniciativas “de desregulación (con las) que le sacamos el pie de la cabeza al sector privado”.
A renglón seguido, el ministro enfatizó la decisión del Gobierno de «mantener nuestro compromiso de equilibrar las cuentas fiscales; de alcanzar el déficit cero”.
Caputo dijo que las medidas de ajuste «se están evaluando» y abarcarán a «la política, a la Nación y a las provincias”.
Sobre el capitulo fiscal que se retira del proyecto, Caputo dijo que son los puntos vinculados con el «blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de formula jubilatoria».
Entre los puntos mencionados como parte del capitulo fiscal del proyecto de Ley Bases que se retira Caputo incluyó la reforma del impuesto a las Ganancias, una iniciativa que fue enviada de manera separada por el Poder Ejecutivo para su tratamiento.
El retiro de este proyecto de ley significa una nueva vuelta de tuerca en las negociaciones con los gobernadores, que pidieron al Gobierno la modificación de la norma votada el año pasado bajo el impulso de la candidatura presidencial de Sergio Massa a presidente, que determinó la eliminación del pago de este tributo para la denominada cuarta categoría, lo que impacto en los recursos percibidos por las provincias.
La decisión del Gobierno fue anunciada luego de largas y complejas discusiones con los bloques de la Cámara de Diputados y tras varias sesiones de exposición a cargo de representantes de diversos sectores de sociedad que se refirieron a múltiples artículos de la iniciativa.
Ley ómnibus: qué decía el capítulo fiscal
Los artículos desplazados de la ley se centraban en seis puntos clave de la reforma fiscal del Gobierno de la Libertad Avanza (LLA):
Movilidad jubilatoria: continuará la fórmula que determinaba los haberes jubilatorios por un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES y 50% de la variación de los salarios.
Blanqueo de capitales: se permitía regularizar hasta u$s100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos.
Moratoria: se establecía nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social.
Bienes personales: contemplaba posibilidad de un pago anticipado de ese tributo por obligaciones de los próximos cuatro años y una baja gradual en las alícuotas.
Impuesto a las Ganancias: se reducía el mínimo no imponible hasta alcanzar a los salarios brutos de más de $1.350.000.
Retenciones: se elimina el incremento de los cobros por derechos de exportación a economías regionales.
La ley ómnibus y las facultades delegadas en el Ejecutivo
El ministro del Interior, Guillermo Francos, realizó declaraciones radiales y aclaró que, a pesar de descartar los seis puntos en materia fiscal, el Gobierno no impondrá ese paquete eliminado en caso de obtener facultades legislativas.
Consultado sobre las facultades delegadas al Presidente que se contemplan en el proyecto, Francos aseguró que esa es una prerrogativa que «han tenido todos» los jefes de Estado para poder «actuar con celeridad en cuestiones económicas».
«No digo que nos deleguen todas las facultades legislativas, pero algunos que hacen a las urgencias y dar señales para permitir poner en funcionamiento la economía del país es lo más razonable», consideró Francos.
