• MACRI LA ADELANTA HOY Y DUJOVNE LO PRESENTA MAÑANA JUNTO CON LA REFORMA IMPOSITIVA
Será considerado como un “tributo nuevo”, independiente de IVA y Ganancias. La alícuota sería del 5% y alcanzaría a operaciones de 1,4 o 1,5 millones o 55.000 pesos de rentabilidad. Subirá la presión en impuestos internos y aplicarán IVA a servicios y comercio “intangible” por internet.
La reforma impositiva se presentará mañana en sociedad y ante los gobernadores en la reunión del 9 de noviembre. Mientras tanto, Mauricio Macri dará hoy los lineamientos generales y llamará a la clase política y económica a que la apoye, aunque muchos se sientan en parte defraudados, porque tendrán una mayor presión tributaria. Será el caso, finalmente, de la renta financiera, que será incluida en el proyecto de ley, aunque con limitaciones. También habrá, como lo adelantó este diario, más tributos internos y la posibilidad de tomar a cuenta de ganancias al menos parte del impuesto al cheque.
La reforma se aplicará en cuatro años, comenzando, en el caso que el Congreso la apruebe tal como está ya redactada, en el ejercicio 2018, con lo que la mayor parte de los cambios comenzará a notarse en la sociedad en 2019. Siguiendo los plazos, la finalización de las modificaciones se sentirán en 2022.
La línea fina del proyecto será presentada mañana en el Ministerio de Hacienda por el dueño de casa, Nicolás Dujovne. Como viene insistiendo el Gobierno desde que comenzó a hablar del tema, se trata de un proyecto fiscalmente conservador que busca, básicamente, que no se pierda recaudación. En otras palabras, si la sociedad en general está esperando una baja generalizada en la presión tributaria que hoy supera el 45% general, se verá defraudada. Sí puede haber buenas noticias para el sector privado industrial, que tendrá si elige reinvertir resultados tendrá una baja en la presión impositiva de 35% a 25%, de manera gradual y en un plazo de 4 años.
Renta financiera será considerado como un impuesto nuevo, no relacionable con Ganancias ni con el IVA. Tendrá, al menos en una primera etapa, una alícuota del 5% que se le añadirá a la rentabilidad que obtengan a algunos de los inversores del sistema financiero al finalizar la operación. Se aplicará a las operaciones por más de 1,4 o 1,5 millones de pesos (el monto se definirá a último momento) o a los intereses que superen una rentabilidad de 55.000 pesos. Estarán incluidos en el nuevo impuesto los tenedores de depósitos a plazos y títulos como Lebac (se estudia aún si el resto de las colocaciones en bonos locales ingresarán), pero quedará fuera la compra y venta de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Por su parte, la distribución de dividendos de las empresas cotizantes pagarán los impuestos correspondientes, que también se proponen modificar con la nueva ley. El impuesto aplicará en las operaciones que comiencen a vencer luego de su aplicación efectiva, y se estudia aún si una renovación exactamente igual al vencimiento queda o no dentro del nuevo impuesto. Renta financiera será coparticipado, con lo cual, se descarta, tendrá una larga vida en el sistema tributario argentino. Estarán también grabados las ADR en el momento de ser declaradas como renta por los inversores locales.
El anuncio de la creación del nuevo tributo sería uno de los capítulos del mensaje de hoy de Mauricio Macri en el CCK a legisladores, gobernadores, empresarios y sindicalistas y busca un doble efecto. Por un lado, obviamente, aumentar la recaudación,incluyendo una medida que a priori sería impensada en un Gobierno de centroderecha y, en teoría, friendly hacia el sistema financiero. De hecho el kirchnerismo, pese a amenazar y amagar varias veces, nunca avanzó seriamente con un impuesto de este tipo. Pero, además, el macrismo busca un golpe de efecto político hacia parte de la oposición, especialmente el massismo, que siempre impulsó este impuesto como cambio imprescindible en cualquier esquema fiscal equitativo. Piensa el Gobierno que con esta iniciativa los votos de varios bloques legislativos a favor de la reforma deberían estar garantizados.
Una parte (pequeña) del impuesto al cheque podrá ser tomada a cuenta de Ganancias, tanto por los trabajadores en relación de dependencia como los autónomos y monotributistas, pero sólo en los créditos (no débitos). La idea es que se aplique una alícuota de no más del 0,5%; con una presión total que hoy llega al 1,2%.
La reforma propone cambios importantes en impuestos internos y en el IVA para sectores con presión impositiva. En el primer caso se aplicarán nuevas alícuotas (y obviamente más altas) a las cervezas, vinos, bebidas espirituosas y al champagne (que por algún motivo misterioso tiene baja presión) y, también, a las gaseosas, bebidas isotónicas y aguas saborizadas. Se estudia también aplicar impuestos mayores sobre los cigarrillos. Comenzarán a pagar IVA del 21% a los sectores de servicios por internet pagados en el país (tengan o no residencia en la Argentina), lo que incluye Netflix o Spotify, así como los contratos en el comercio electrónico de servicios intangibles en portales como Mercado Libre, OLX, Alamaula, etc.
Por iniciativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se incluirá también una nueva ley de «Revalúo», que incluye un nuevo mecanismo de actualización de los activos que están alcanzados para calcular los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, y que incluyen inmuebles de todo tipo, bienes muebles amortizables, vehículos de todo tipo, acciones y participaciones accionarias en empresas de cotización cerrada, derechos de todo tipo (incluyendo a autor y concesiones), obras de arte y de colección, etc. Este «revalúo» incluye tanto a empresas como particulares y se aplicará sobre ejercicio vencido. Esto es, si la ley se aprueba en 2018 se comienza a ejecutar en 2019. Las alícuotas que se aplicarán irán de 5% a 15%, dependiendo el bien que se «revalúe». Este mecanismo deberá ser interpretado como una alternativa a la aplicación del «ajuste por inflación» que está suspendido por ley desde 1992 desde la misma creación de la ley de convertibilidad. Se estima que la aplicación del nuevo esquema impactaría entre el 5% y 10% del valor del bien y debería aplicar los reclamos de los privados.
