La Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ Gas) emitió un duro comunicado en el que responsabiliza al Gobierno nacional por la crisis de suministro de gas natural que afecta a gran parte del país. Según el gremio, la situación es consecuencia directa de “indecisiones en la gestión energética” y de la suspensión de obras estratégicas como la reversión del Gasoducto Norte.
La emergencia energética obligó a cortar el suministro en estaciones de GNC, industrias, comercios y hasta escuelas en ciudades como Mar del Plata y localidades patagónicas. El gremio advirtió que, pese a contar con financiamiento asegurado por parte de la CAF y el Estado nacional, las obras clave están paralizadas por demoras administrativas y falta de pagos.
APJ Gas también cuestionó la decisión oficial de frenar la construcción de una planta de procesamiento y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, Río Negro. Según el sindicato, esta medida contradice los intereses estratégicos del país y limita las posibilidades de autoabastecimiento y exportación.
Otro factor que agravó la crisis fue la caída en la producción de shale gas en Neuquén, que redujo la presión en los gasoductos. Para compensar, se recurrió al gas almacenado en la planta de Peak Shaving de Naturgy Ban, aunque su capacidad de reposición es limitada y no garantiza una solución sostenida si persiste el frío extremo.
El gremio también denunció que, mientras se autorizan aumentos tarifarios para los usuarios, algunas empresas del sector se niegan a discutir mejoras salariales para trabajadores esenciales. “La paralización de la obra pública sin previsión estratégica está pasando su pesada factura”, advirtieron.
Finalmente, APJ Gas alertó que la importación de gas desde Bolivia y Chile, así como el uso de barcos regasificadores, encarece el costo del servicio para todos los usuarios. “El proceso de desinversión y desarticulación del sistema energético está generando consecuencias graves para la población”, concluyeron.
Redacción Diario Inclusión
