Miles de pequeñas y medianas empresas a lo largo del país que tenían intimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por demoras en el pago de los impuestos comenzarán a recibir desde esta semana las temidas notificaciones de embargos del organismo recaudador.
No se trata de nuevas acciones de cobro, sino de anteriores que estuvieron frenadas por el efecto de la feria judicial de invierno. Concluido el período vacacional, se reactivaron los plazos legales.
Es alta la preocupación entre los empresarios que fueron afectados por la devaluación y las políticas encaradas por el Banco Central para frenar la corrida cambiaria. Las tasas de interés por descubiertos en cuenta corriente o para la compra de cheques diferidos estallaron a niveles prohibitivos entre junio y julio. A ello se agrega que las «cadenas de pagos» se estiraron por lo menos en un mes, con lo cual las pymes quedaron muy mal paradas para enfrentar el pago de salarios y aguinaldos en julio. El resultado lógico, previsto incluso por autoridades de la AFIP, es que las empresas entren en mora con el pago de sus obligaciones fiscales.
La cuestión es preocupante, al punto de que el bloque del Frente Renovador anunció que presentará un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que se suspendan por 180 días los embargos contra las empresas. La iniciativa incluye además una propuesta similar en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, para evitar también acciones de ARBA, y de los municipios.
Marco Lavagna explicó que «básicamente se está pidiendo que, ante este complejo panorama económico que afronta el país, se declare la emergencia fiscal». «Esto significa suspender el avance de situaciones judiciales sobre todas aquellas pymes, comerciantes y profesionales que las sufren, para, de esa manera, sacarles el pie de la cabeza y puedan recuperarse. Las deudas seguirán existiendo, pero mientras tanto, podrían tomar aire», indicó el legislador.
Los problemas para pagar impuestos ya habían sido anticipados hace un par de semanas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que en una nota dirigida al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, le reclamó que disponga de una moratoria, con quitas.
En la AFIP los reclamos no pasaron desapercibidos. Cuando mañana se anuncie la recaudación de julio, tal como tiene previsto la AFIP, Cuccioli también presentará algunos planes nuevos para enfrentar la situación. Al menos uno de ellos será para deudas acumuladas, donde podrían encuadrar varias pymes. Tales planes compartirían espacio con los programas permanentes vigentes, que se manejan por el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER). El SIPER asigna calificaciones a los contribuyentes, según su comportamiento. El problema con ello es que al otorgar menores calificaciones a los que más incumplen, las pymes más golpeadas en los últimos años, van quedando afuera del sistema.
